El fiscal para Crímenes de Terrorismo bahreiní, Isa al Ruwai, ha detallado que el caso está relacionado con una "manifestación ilegal" celebrada en septiembre de 2014 en la localidad de Diraz, en la que varias personas lanzaron cócteles molotov.
Al Ruwai ha apuntado que los condenados tienen derecho a recurrir el fallo ante el Tribunal de Apelaciones, tras lo que podrían acudir al Tribunal de Casación, según ha informado la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
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