Nairobi, 28 nov.- El Tribunal Superior de Kenia emitió hoy una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bachir, por lo que las autoridades kenianas deberán arrestarle si entra en el país, algo que se han negado a hacer hasta el momento a pesar de las peticiones de la Corte Penal Internacional (CPI).
La orden fue dictada por el juez Nicolas Ombija después de que la Comisión de Juristas Internacional (ICJ, por sus siglas en inglés) en Kenia lo solicitase basándose en la orden de la CPI, que le acusa de crímenes contra la humanidad que Al Bachir supuestamente cometió sobre civiles de la zona de Darfur, en Sudán.
"Kenia está obligada a arrestarle al ser uno de los estados que firmó el Estatuto de Roma", un documento con el que varios países se comprometieron a acatar las órdenes del CPI, afirmó Ombija.
"El tribunal por lo tanto emite una orden de arresto contra Omar Hassan Ahmad al Bachir. La orden deberá ser llevada a cabo por el fiscal general del Estado y por el ministro de Seguridad Interna si alguna vez pisa suelo keniano", añadió.
La petición fue presentada ante el Tribunal Supremo keniano hace un año por ICJ, que subraya que Bachir ya estuvo en Kenia el pasado 27 de agosto de 2010, pero no fue detenido.
"Las autoridades de Kenia ignoraron por completo sus obligaciones bajo las normas que dicta la ley internacional y las kenianas y no cumplió la orden de arresto", aseveró el director ejecutivo del ICJ, George Kegoro.
El ICJ asegura estar preocupado ahora por que Bachir vuelva a entrar en territorio keniano y de nuevo no sea arrestado.
"Estamos inquietos por si Omar al Bachir viene a Kenia, y los responsables vuelven a ignorar las leyes y se niegan a efectuar el arresto", señaló Kegoro.
La visita de Bachir a Kenia en agosto levantó fuertes críticas entre la comunidad internacional contra el Gobierno keniano, quien a su vez fue denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el TPI.
La CPI también investiga en la actualidad la violencia postelectoral que se vivió en Kenia tras los comicios de finales de 2007, que dejó más de 1.500 víctimas mortales y unos 500.000 desplazados.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, presentó en diciembre del año pasado acusaciones contra seis kenianos, a los que considera los mayores culpables de la violencia postelectoral.
Los acusados, entre ellos el viceprimer ministro Uhuru Kenyatta, el jefe de la Administración Pública, Francis Muthaura, el excomisario de policía Hussein Ali y el ex ministro de Educación William Ruto, sabrán a principios del año próximo si tendrán que ir a juicio o no.
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