El alto Tribunal confirmó este miércoles la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que en octubre de 2014 anuló la condena impuesta por un tribunal inferior al laboratorio alemán Grünenthal, fabricante del fármaco, para que indemnice a las víctimas españolas.
Este tribunal había condenado al laboratorio a pagar a cada afectado "20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía que les haya sido reconocido por la administración española", sin fijar una cifra global.
Pero la Audiencia Provincial de Madrid estimó un recurso de Grünenthal contra esa condena y la anuló alegando que los hechos habían prescrito cuando la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) presentó su querella civil en 2012, solicitando 204 millones de euros para las víctimas.
"El Tribunal Supremo confirma la interpretación de la Audiencia, entendiéndola ajustada a derecho", según un comunicado del mismo.
Los magistrados del Supremo decidieron por 8 votos a favor y uno en contra rechazar el recurso de las víctimas, pese al informe del fiscal favorable a las mismas.
El alto Tribunal, no obstante, deja abierta la puerta "la posibilidad de futuras reclamaciones civiles fundadas en la aparición de daños no conocidos o en la agravación de los actuales".
"No entendemos como con un informe del fiscal que nos apoyaba, que decía que no había prescripción (...) han fallado así. Yo no lo entiendo", dijo José Riquelme, presidente de la Avite, tras conocerse el fallo.
"Seguiremos luchando e iremos al (Tribunal) Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", afirmó Ignacio Martínez, abogado de las víctimas.
La talidomida, que se prescribía a las mujeres embarazadas a finales de los años 50 y principios de los 60 contra la náuseas, acabó provocando daños irreversibles en el desarrollo del feto. Se estima que entre 10.000 y 20.000 personas nacieron con malformaciones, o a veces sin algunos de sus miembros, en unos 50 países, según la asociación de víctimas Avite.
El 2 de diciembre de 2013, las víctimas australianas de la talidomida obtuvieron 89 millones de dólares australianos (78 millones de dólares estadounidenses), al término de un acuerdo financiero con el grupo británico Diageo, que había comprado The Distillers Company, distribuidor de ese medicamento finalmente prohibido en 1961.
En marzo, el gobierno canadiense anunció la concesión de nuevas indemnizaciones a las víctimas.
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