UE pide a España reforzar servicios de empleo y más rigor en cuentas de CCAA

Bruselas, 10 dic.- Los ministros de Finanzas de la Unión Europea, el Ecofin, pidió hoy a España que aplique con rapidez varias reformas pendientes, como una mayor modernización de los servicios de empleo y un seguimiento más estricto de las cuentas de las Comunidades Autónomas.

Tras analizar el programa de reformas estructurales y medidas presupuestarias presentado por España en octubre para corregir su déficit excesivo y situarlo por debajo del límite del 3 % exigido por Bruselas, el Ecofin afirmó que "en la mayor parte de los casos, las reformas siguen pendientes de adopción o de plena aplicación".

La reforma tributaria que España prevé llevar a cabo de manera gradual en los próximos meses queda fuera del programa analizado, ya que los Veintiocho esperarán a las conclusiones del grupo de expertos que serán presentadas en febrero.

El Ecofin recalcó que la "rápida y total aplicación (de las medidas) es un factor clave para el éxito del programa de asociación económica" y que "de aplicarse efectivamente, contribuirán a subsanar de forma eficaz y duradera la situación de déficit excesivo de España".

Entre las carencias detectadas, el Ecofin subrayó la falta de "planes concretos para profundizar en la modernización de los servicios de empleo público" y que la evaluación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 "no contempla medidas que abunden en la consolidación de esa reforma".

El Eurogrupo, formado por los ministros de Finanzas de la zona del euro, pidió recientemente a España adoptar una "segunda ronda" de reforma laboral, sin especificar las medidas que consideran necesarias.

El Ministerio de Economía español ha explicado que con esta petición se trata de "perfeccionar" la actual e incluir una "simplificación" y una "flexibilización" de las diferentes modalidades de contratación.

Como aspectos positivos, los Veintiocho destacaron hoy que la reforma laboral española ha introducido una mayor flexibilidad interna en las empresas y la moderación de los salarios "y por tanto ha limitado (...) la destrucción de empleo".

Por otra parte, el Ecofin tomó nota de los "avances" logrados en la supervisión de las finanzas autonómicas, pero lamenta que no se hayan incluido "medidas adicionales para reforzar la estricta y transparente ejecución de las medidas preventivas y correctoras recogidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria".

Los Veintiocho afirmaron que éstas "podrían incluir la publicación, en tiempo oportuno, de los informes trimestrales de evaluación de los Planes Económico-Financieros" de las Comunidades Autónomas y los motivos por los que en caso de incumplimiento, se decide imponer o no sanciones.

Los Veintiocho también indicaron que respecto a la futura Autoridad Fiscal española que se encargará de velar por el cumplimiento de los objetivos de déficit público y del establecimiento de metas presupuestarias para las autonomías, tal y como exigía Bruselas, podría haberse garantizado una mayor "independencia funcional y operativa".

Otra cuestión que preocupa a los socios europeos es que el programa presentado por España "no presenta planes de revisión sistemática y general de las principales partidas de gastos", como se había recomendado al país, aunque sí se incluye información sobre algunas grandes partidas de gastos en Sanidad, Empleo y la Administración pública.

El Ecofin recalcó que en estos ámbitos será necesario el "máximo rigor en la supervisión y ejecución de todas las medidas" previstas, como la reforma de los entes locales, para lograr los ahorros que busca obtener el Ejecutivo español.

También pidió que se involucre a las Comunidades Autónomas en este proceso para aumentar la eficiencia de las administraciones y generar ahorros, algo "esencial para asegurar estos aumentos de eficiencia a medio plazo".

Respecto las pensiones, el Ecofin destacó en el borrador que los cambios introducidos y aquellos anunciados "son de gran calado" y que son "importantes medidas" que aumentan la sostenibilidad de las finanzas públicas y la contención del "galopante aumento" del gasto en pensiones.