Bruselas, 7 dic.- Los países de la Unión Europea (UE) han llegado hoy a un acuerdo sobre una normativa que pretende facilitar la confiscación y recuperación de recursos financieros y bienes vinculados a la delincuencia organizada.
El compromiso logrado por los ministros de Justicia de la Unión servirá de base para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo, que deberá dar su visto bueno a la normativa para que esta pueda entrar en vigor.
El titular de Justicia de Chipre, Loucas Louca, cuyo país preside la UE este semestre, señaló en rueda de prensa al término de la reunión que "teniendo en cuenta la situación de crisis, es importante que el dinero permanezca en el circuito de la economía legal".
Algunas delegaciones y la Comisión Europea lamentaron, no obstante, que el texto acordado sea menos drástico que el inicialmente planteado por Bruselas.
"Sé que muchos querían un texto más ambicioso, pero este es el punto común que hemos logrado", señaló el titular chipriota.
El secretario de Estado español de Justicia, Fernando Román, consideró durante el debate de los ministros que se trata de un instrumento "equilibrado" y que respeta las sensibilidades de las legislaciones nacionales.
El objetivo de la normativa es facilitar a las autoridades de los Estados miembros la confiscación y recuperación de los beneficios fruto de las actividades de la delincuencia organizada.
De esa manera, se pretenden superar las enormes diferencias entre las legislaciones nacionales que regulan esta materia, mediante unas normas mínimas comunes, que regulan elementos como la confiscación directa, la confiscación no basada en una condena (en circunstancias limitadas) y el embargo de bienes en manos de terceras personas.
El objetivo es facilitar la confianza mutua y la cooperación entre países.
Aunque no hay estimaciones a nivel comunitario, la Comisión Europea calcula que las actividades de esas mafias mueven cada año miles de millones de euros, de hecho solo el narcotráfico en la Unión Europea genera beneficios por valor de unos 100.000 millones de euros anuales.
La nueva normativa garantizará la congelación temporal de los bienes en los casos en que se tema por su desaparición, facilitará el seguimiento de las actividades delictivas y permitirá a los Estados aumentar la recuperación de activos.
Según Bruselas, para complicar el decomiso de los bienes, las bandas organizadas invierten cada vez más en países diferentes al Estado donde operan o transfieren los recursos a terceras personas.
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