Un abogado critica a la juez Alaya y cree que hace una imputación selectiva

Sevilla, 29 jul.- El abogado de dos ex directores generales de Presupuesto de la Junta de Andalucía ha recurrido su imputación en el caso de los ERE, en un escrito en el que critica la "corruptela procesal", "frivolidad" y "selectiva imputación", pues la juez Mercedes Alaya ha dejado fuera a todos los aforados.

El abogado José María Mohedano, que defiende a Antonio Lozano -ahora viceconsejero de Presidencia- y Buenaventura Aguilera, dice en su recurso que "llama poderosamente de la atención" que la juez no haya imputado a ningún aforado en el auto en el que inicia acciones penales contra veinte altos cargos o ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez.

De la Consejería de Hacienda "salva" a los que estuvieron entre 2000 y 2012; de la Viceconsejería de Hacienda deja fuera a quienes estuvieron de 2004 en adelante; de los directores de Finanzas de las agencias IFA o IDEA "salva" a los que estuvieron de 2008 a 2012, y de los directores generales del IFA no ha acusado a los que ocuparon el cargo entre 1999 y 2002, afirma Mohedano.

"Ningún aforado está imputado y prácticamente todos los no aforados están imputados", dice el recurso al que ha tenido acceso Efe, y añade que "no se entienden las razones de tan selectiva imputación".

Este hecho "pone en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva tanto de los imputados por el auto como de los no imputados en caso de que lo fueran en el futuro".

En cuanto al mecanismo de pago de los ERE investigados, las transferencias de financiación, Mohedano reprocha que "son presentadas como actos de clara significación penal" pese a que la juez instructora "carece totalmente de competencia para pronunciarse sobre esa materia", que debería ser dilucidada por los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas.

El recurso, que ha sido presentado directamente ante la Audiencia de Sevilla, afirma que "derramar y desbordar hacia todos los altos cargos de la Junta de Andalucía la responsabilidad por lo que con ellas sucediera" es "desde el punto de vista penal sencillamente impensable e inaceptable y destruye las más mínimas garantías del proceso penal"

En otro punto, Mohedano se pregunta por qué se produjo la "corruptela procesal" de que Aguilera declarase como testigo ante la Guardia Civil en agosto de 2012 pese a que la juez titular estaba "en pleno dominio de la instrucción penal", algo que "recuerda las llamadas a juicio en tiempos anteriores al Estado de derecho".

También critica que la juez haya imputado a un "amplio elenco de personas" sin haberse "tomado la molestia de concretar el hecho atribuido a cada una de ellas, lo cual en sí mismo constituye una frivolidad impropia de una resolución judicial".

Además, afirma que el auto de imputación del pasado 2 de julio "incurre en flagrante nulidad" al no concretar los hechos objeto de acusación, y añade que "no es posible defenderse de acusaciones inconcretas del mismo modo que no es posible aplicar terapias a enfermedades desconocidas".