Un exabogado del Ayuntamiento de Marbella dice que había empresas "inactivas"

San Fernando de Henares (Madrid), 25 abr.- El ex asesor jurídico del Ayuntamiento de Marbella Antonio Abril ha asegurado en el juicio del caso Saqueo II que algunas de las empresas municipales que supuestamente sirvieron para desviar dinero público estaban "inactivas".

Lo ha dicho durante su interrogatorio en el sexto día de vista de causa que se juzga en la Audiencia Nacional, en la que figuran acusadas 34 personas por desviar unos 70 millones de euros del consistorio entre 1994 y 2001 y mediante empresas públicas y privadas, así como por no pagar 91 millones a la Seguridad Social.

Según Abril, cuando el Grupo Liberal Independiente (GIL) ganó las elecciones en 1991 José Luis Sierra, asesor de recién elegido alcalde Jesús Gil, le dijo que había ideado "un sistema de sociedades", en concreto 31 empresas. "Todo lo preparó, elaboró y gestionó Sierra", ha indicado.

Abril, que se enfrenta a 9 años y medio de cárcel, figuró en algunas de ellas como vocal, pero, según ha relatado hoy ante el tribunal, nunca asistió a ninguno de sus consejos de administración y no participó "nada" en su gestión.

Preguntado por la fiscal por una de las sociedades en que figuró como vocal, Plan Las Albarizas, y por otra denominada Nortia 2000, el acusado ha contestado que cree que estas empresas estaban "inactivas".

"No me consta que hayan hecho nada. Estas sociedades se hicieron dos meses después que las otras y con los mismos miembros en el consejo de administración", ha asegurado Abril.

El acusado ha dicho además que él no vio nada que le hiciera pensar que se llevara a cabo una gestión fraudulenta de los fondos públicos por parte de las sociedades.

Aparte de Abril, hoy también han declarado los exconcejales José Mariano Pomares y José Luis Fernández, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 9 y 3 años y medio de cárcel, respectivamente.

Pomares, concejal de 1991 a 1997, ha explicado que, como el resto de ediles, no cobró del ayuntamiento sino de una de las empresas del entramado, de la que fue gerente a partir de 1993.

Ha explicado que si no se trabajaba en una de las sociedades no se cobraba, siguiendo las instrucciones de Jesús Gil. "Me podía haber limitado a levantar la mano y cobrar el sueldo, pero entonces Gil no me habría pagado", ha dicho.

Por su parte, Fernández fue concejal de Turismo, Deportes y Personal entre 1995 y 2006, cuando se disolvió el ayuntamiento, y ha asegurado ante el tribunal que primero cobró su sueldo de una empresa municipal y luego directamente del consistorio como autónomo, una forma de retribución que dispuso Jesús Gil.

A este concejal se le acusa porque una de las sociedades, en la que trabajaba su mujer, le abonó unos gastos mediante facturas que estaban a nombre de la esposa. "Yo personalmente ese dinero no lo he recibido, no consta mi firma", se ha defendido al respecto.

El presidente de la sección tercera de la Audiencia, Alfonso Guevara, ha suspendido la sesión hasta las 10.00 horas del próximo lunes, cuando se prevé que empiece a declarar la exalcaldesa Marisol Yagüe.

Se esperaba que el principal acusado del caso Malaya, Juan Antonio Roca, fuera interrogado hoy, pero finalmente se ha cambiado el orden de las declaraciones y lo hará más adelante.

Entre los 34 acusados en este juicio figuran también el exalcalde Julián Muñoz, que se enfrenta a 13 años y medio de prisión, y el exfutbolista Tomás Reñones.