Una exedil dice que Julián Muñoz colocó a un sobrino en una empresa municipal

San Fernando de Henares (Madrid), 22 abr.- La exconcejala de Cultura y Educación de Marbella María Dolores Miñones ha afirmado en su declaración por el caso Saqueo II que el exalcalde Julián Muñoz le dijo que un sobrino suyo iba a figurar como secretario de una empresa municipal que supuestamente sirvió para desviar dinero.

Miñones es una de los 35 acusados en el caso Saqueo II, sobre un presunto desvío de unos 70 millones de euros del ayuntamiento entre 1994 y 2001 a través de empresas públicas y privadas y con dádivas a los concejales, así como un fraude de 91,5 millones a la Seguridad Social.

La que fue concejala de 1995 a 2003 se enfrenta a una petición fiscal 9 años de cárcel acusada de los delitos de malversación y fraude a la Seguridad Social por haber recibido dinero sin que se justificara su destino y porque una fundación municipal de la que era vicepresidenta y una empresa municipal de la que era gerente dejaron de pagar las cotizaciones.

Miñones figuró como presidenta, administradora, gerente y vocal de varias sociedades municipales que supuestamente sirvieron para desviar dinero.

En el caso de la sociedad Gerencia de Obras y Servicios, ha indicado que Julián Muñoz la llamó, por orden del exalcalde Jesús Gil, para decirle que ella sería vocal y que un sobrino suyo, Alberto García Muñoz, iba a ocupar el cargo de secretario.

Según la Fiscalía, Miñones recibió entre 1997 y 1999 pagos por 69.000 euros por parte de otra sociedad, Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, por asistir a una comisión gestora que no existió.

La acusada ha relatado que cobró unos 1.800 euros mensuales de esta empresa municipal durante cuatro años, cantidad que en realidad constituía su sueldo como concejala y que percibió en calidad de autónoma.

"Me dijeron que era lo que cobrábamos todos los concejales", ha explicado Miñones siguiendo la versión dada por Muñoz, quien aseguró que en un momento dado Gil decidió que debían cobrar de las empresas municipales en lugar del ayuntamiento para dar la apariencia de que no percibían dinero del erario y ejercían su cargo de forma altruista.

Durante la mañana también ha declarado el concejal de Aguas y Electricidad de 1991 a 1999, Antonio Romero, para quien la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel por malversación por no haber justificado el destino de 15.000 euros que cobró mediante cheques.

El exconcejal ha asegurado que este dinero sirvió para pagar a un equipo de fútbol y un viaje que hizo a París para visitar una depuradora.

Las declaraciones de los dos exconcejales han seguido a la del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, quien ha afirmado que Jesús Gil decidió no pagar las cotizaciones a la Seguridad Social -91,5 millones de 1991 a 2001- porque "el Estado no ingresaba al ayuntamiento lo que le correspondía".

Tras las declaraciones de estos tres exconcejales, la sección tercera de la Audiencia Nacional ha acordado un receso y el juicio continuará esta tarde con las preguntas a Miñones por su abogado y el interrogatorio de la exconcejala Marisa Alcalá, que se enfrenta a 12 años y medio de cárcel por malversación, falsedad y delito contra la Seguridad Social.

Entre los 35 acusados en este caso figuran además los ex primeros ediles Marisol Yagüe y el exfutbolista Tomás Reñones, así como el principal acusado del caso Malaya, Juan Antonio Roca.