Una fallida consulta también convulsionó en 2008 la política vasca

  • La convulsión que vive ahora la política catalana ya tuvo un precedente en Euskadi con la consulta que quiso convocar en 2008 el lehendakari Juan José Ibarretxe y que finalmente no se celebró porque fue vetada por el Tribunal Constitucional.

Elena Puerta

Vitoria, 13 dic.- La convulsión que vive ahora la política catalana ya tuvo un precedente en Euskadi con la consulta que quiso convocar en 2008 el lehendakari Juan José Ibarretxe y que finalmente no se celebró porque fue vetada por el Tribunal Constitucional.

Pese a las diferencias entre los procesos catalán y vasco para convocar un referéndum, muchos reviven con el anuncio de Artur Mas los dos intentos que hizo Ibarretxe (PNV) en 2003 y 2008 de convocar a los vascos para decidir su relación con España.

Sin embargo entonces existía en el País Vasco un elemento fundamental que distorsionaba y condicionaba la actividad política: la actividad terrorista de ETA.

Además, de partida, ambos procesos tienen diferencias desde su inicio, ya que la consulta catalana cuenta con el apoyo de 87 de los 135 miembros del Parlament (CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP).

En el caso de Euskadi, PNV-EA-EB y Aralar necesitaron del apoyo de una de las parlamentarias de la izquierda abertzale (entonces llamado Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) para sacar adelante la ley de consulta, ya que sólo con sus votos habrían empatado con PP y PSE-EE que se oponían.

El nombre con el que se conoció esta iniciativa, el Plan Ibarretxe, pudo también influir en su fracaso. Artur Mas ha tratado en todo momento de no personalizar esta consulta y conseguir un acuerdo previo entre los partidos.

Los tiempos también son importantes, ya que en Cataluña todo ha ocurrido en poco más de un año desde que se hablara por primera vez de una consulta en septiembre de 2012.

En Euskadi, sin embargo, transcurrieron ocho años desde que en el año 2000 Ibarretxe anunció en público su idea de convocar un referéndum entre los vascos hasta que trató de materializarla.

El caso vasco tuvo dos partes: la primera se empezó a vislumbrar en 2003, cuando el lehendakari anunció su plan basado en el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro, el reconocimiento de la nación vasca y la convocatoria de un referéndum, hubiera o no acuerdo con el Estado.

El 1 de febrero de 2005 el Congreso puso punto y final a la tramitación del Plan Ibarretxe al rechazar su toma en consideración.

En su tercera legislatura como lehendakari, Ibarretxe retomó su iniciativa y en septiembre de 2007 anunció la convocatoria de una consulta popular sobre el futuro del País Vasco para el 25 de octubre de 2008.

En este su segundo intento, el Gobierno Vasco aprobó en mayo de 2008 el proyecto de ley de consulta, que ratificó en junio el Parlamento.

La convocatoria se fijó para el 25 de octubre de 2008 con dos preguntas:

La primera: ¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?.

La segunda: ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vasco, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?.

El complejo enunciado de cada una de ellas poco tiene que ver con la pregunta acordada en Cataluña donde su Gobierno quiere dilucidar si los ciudadanos desean convertir la comunidad en un Estado y, en caso afirmativo, si debe ser independiente.

En Euskadi la defensa de esta iniciativa se basó en que se trataba de una consulta popular no vinculante, no un referéndum, por lo que no le afectaba la ley orgánica de regulación de los referendos y no precisaba por tanto de la autorización del Estado.

Sin embargo el Gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional basado en la vulneración de la Constitución y la violación del espíritu de unidad y de soberanía nacional.

Finalmente el pleno del TC declaró en septiembre de 2008 la inconstitucionalidad de la ley vasca por invadir competencias exclusivas del Estado. El PNV no obstante denunció a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en febrero de 2010 rechazó el recurso.

La incesante actividad de ETA en 2008 poco ayudó a las intenciones de Ejecutivo vasco.

Para el 9 de noviembre de 2014, cuando Cataluña pretende convocar la consulta, se habrá celebrado ya el 18 de septiembre el referéndum por la independencia de Escocia, en este caso pactado por los gobiernos de Edimburgo y Londres.

Este proceso europeo puede favorecer las intenciones del Gobierno catalán, pero la materialización de su consulta, dada la frontal oposición del Gobierno, es más que una incógnita con el precedente de Euskadi.

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