Las Palmas de Gran Canaria (España), 22 abr.- Un juzgado de Buenos Aires ha aceptado la querella interpuesta contra España por los familiares de cinco republicanos españoles fusilados en 1937 por partidarios de la sublevación franquista en la isla de Gran Canaria (Atlántico).
El cónsul argentino en Canarias, Pablo Antonio de Angelis, confirmó hoy a Efe que la jueza argentina María Servini admitió a trámite la querella y la unió a la causa que investiga la posible comisión de crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil española y la dictadura (1939-1975).
"Todas las denuncias formuladas en España han sido incorporadas a la causa y su aporte ha sido muy significativo para el avance de la misma", señaló el cónsul, citando, a su vez, la comunicación escrita que recibió de las autoridades de su país.
La querella remitida desde Gran Canaria pide a la jueza Servini que investigue los hechos ocurridos en la isla el 29 de marzo de 1937, en plena guerra civil española, cuando fueron fusilados el alcalde del municipio de San Lorenzo; el secretario del Ayuntamiento; el inspector jefe de la Policía local, y dos sindicalistas.
La denuncia asegura que todos fueron además torturados y que el hijo de uno de ellos, un bebé de cuatro meses, fue asesinado por falangistas y militares, que lo arrojaron contra una pared durante un registro.
La querella la interpusieron en el Consulado Argentino de la isla de Tenerife el pasado 3 de octubre dos nietos de una de las víctimas.
Ambos piden a la juez que, en aplicación de la jurisdicción universal sobre crímenes contra la humanidad, investigue este caso y condene a España "por ocultar y proteger a los asesinos".
También solicitan a la magistrada argentina que ordene la exhumación de los fusilados, enterrados en una fosa común, y que sus restos sean identificados y entregados a sus familiares, para que puedan darles sepultura.
En un comunicado, la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo expresó "su agradecimiento profundo al pueblo y a la Justicia argentina por declararse competente para juzgar el asesinato" de sus familiares, "por el único motivo de defender la democracia y la libertad, ante el golpe fascista contra la legítima República".
"Es una vergüenza que otro país tenga que investigar lo que en el Estado español su gobierno y la judicatura han negado a unas familias, amparadas por la Justicia universal, en unos delitos de crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben, prohibiéndonos en varias sentencias judiciales algo tan humano como la recuperación de los huesos de nuestros muertos", añadía el comunicado.
En 1977, durante la transición española de la dictadura franquista a la democracia, fue aprobada una Ley de Amnistía, a la que hasta ahora se ha remitido la justicia española para no investigar los delitos y crímenes cometidos durante el franquismo.
La jueza María Servini admitió en 2010 una querella presentada por españoles víctimas los crímenes del franquismo, amparados en el principio de justicia universal.
Entre las diligencias que ha llevado a cabo, destaca la petición de extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas y del ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por presuntos delitos de tortura.
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