H. Van Landewyck, una tabaquera de Luxemburgo, acapara un 22,1% del tabaco de contrabando que se vende en España, según datos de la industria publicados por 'El economista'.
Van Landewyck es propietaria de marcas como Elyxir, Austin o Ducal y junto a la griega Karelia, propietaria de American Legend, controlan un tercio del tabaco que entra de forma ilegal en el país.
Entre ambas se han hecho en los últimos tres años con más del 40% del tabaco que se distribuye en Gibraltar y que se destina luego principalmente al contrabando para su consumo en España, sin pagar aquí los impuestos correspondientes.
La chipriota Explosal, dueña de la marca Raquel, posee el otro 6,6% en el mercado de contrabando, aunque en este caso no del de Gibraltar, sino del de las Islas Canarias.
H. Van Landwyck opera desde 2011 en España por medio de una sociedad privada e incluso se incorporó a la patronal. La empresa finalizó 2012 con unos ingresos de 3,2 millones de euros y un beneficio que superó los 100.000 euros. La compañía mete en nuestro país 1.300 millones de cigarrillos al año.
La griega Karelia utiliza un distribuidor para introducir sus marcas en nuestro país. Por su parte, la de Chipre no ha registrado aún sus marcas en el Comisionado del Mercado de Tabacos (CMT).
Ningunas de estas compañías forma parte del convenio de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF), acuerdo encargado de poner frenar la lucha contra el contrabando.
Con esta táctica, las marcas pagan los impuestos más bajos en Gibraltar, pero su producto se consume en el mercado español, con lo que logran hacerse con una participación de mercado cada vez mayor desplazando a otras del mercado legal, gracias al diferencial de precios, y llegan a tener una cuota cercana al 5%.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad que podría estar registrándose en Gibraltar tras recibir el informe de la OLAF de la Unión Europea que advierte de estas prácticas.
El departamento dirigido por Javier Zaragoza recibió a primeros de este mes de agosto el informe de la OLAF de parte de la Fiscalía General del Estado y trabaja ya en la posibilidad de incoar unas diligencias informativas para tratar de determinar si, como advierte el organismo europeo, existen indicios de delito.
"Hay motivos para creer que los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales afectando a los intereses financieros o de otra índole, de la Unión Europea, han sido cometidos", se detalla en el informe, dirigido por James Creed, de la Unidad de Tabaco y Artículos Falsificados.
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