Unesa recurrirá ante la audiencia nacional la multa de competencia

La patronal de las empresas eléctricas, Unesa, ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional la multa de 900.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Esta organización entiende que su actitud está justificada, no supone una barrera de entrada para las compañías independientes y no ha producido ningún efecto anticompetitivo.
El regulador de Competencia ha impuesto en total sanciones por valor de más de 60 millones en el sector eléctrico.
Unesa recurrirá la parte de multa que se le achaca (los citados 900.000 euros), al margen de las iniciativas que puedan poner en práctica las otras compañías del sector que han sido sancionadas.
En su resolución, el organismo que preside Luis Berenguer concluye que las cinco principales empresas eléctricas del país (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.On) y la patronal que las agrupa (Unesa), son responsables de sendas infracciones por haber obstaculizado el cambio de comercializador en el mercado libre y haber tratado de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición de las tarifas eléctricas. El regulador entiende que han incurrido en prácticas "muy graves".
Unesa cuenta con un plazo de dos meses para presentar su recurso, que confía plenamente en que sea estimado por la Audiencia Nacional, según fuentes de la patronal consultadas por Servimedia.
Según las citadas fuentes, Competencia se basa, para imponer esta multa, en una serie de indicios, extraídos de la conducta, bien de Unesa, o bien de las empresas.
Sin embargo, dichas conductas, "han sido avaladas por el ministerio de Industria, Turismo y Comercio o por la Comisión Nacional de la Energía en diversos informes". En otros casos, la propia CNC ha considerado que dichas prácticas no suponen una infracción administrativa, o bien los tribunales de justicia han apreciado inicialmente la razonabilidad jurídica de las mismas, alega la patronal.
ACTUACIÓN JUSTIFICADA
Competencia considera que las empresas eléctricas acordaron denegar datos para dificultar a las comercializadoras independientes el acceso a los datos sobre clientes que la Ley prevé. De este modo, obstaculizaron -según Competencia -la aplicación de la normativa aprobada por el Gobierno para facilitar a terceros el acceso a esta información, contribuyendo a elevar las barreras a la entrada en un mercado en proceso de liberalización.
Unesa, por su parte, considera que su actuación estuvo justificada. En este sentido, recuerda que el consentimiento del interesado respecto de la cesión de datos de carácter personal (como los solicitados por las comercializadoras acerca de los clientes: cuenta bancaria, DNI, perfil de consumo, etcétera) es una exigencia impuesta por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Hasta enero 2008 no existía, de hecho, norma alguna que permitiera la cesión masiva de estos datos de carácter personal, alega la patronal eléctrica.
Se suma el hecho de que la exigencia de consentimiento del cliente por parte de las distribuidoras ya fue objeto de un procedimiento sancionador instruido por la propia CNC contra las eléctricas. Por ello, "no puede volver a tomarse en consideración en otro expediente distinto", puntualiza Unesa.
Por otro lado, esta organización considera que tampoco puede ser considerado como un indicio por la CNC el hecho de haber recurido -ante la Audiencia Nacional- la norma que imponía la cesión masiva de datos y la prohibición de exigir el CUPS (Código Unificado de Puntos de Suministro), ya que se trata del ejercicio de un derecho fundamental (más aún cuando el recurso fue estimado inicialmente).
Asimismo, Unesa niega que sea un indicio de prácticas anticompetitivas la suspensión del acceso por los comercializadores a la base de datos que se llevó a cabo durante el mes de junio de 2009.
Entre otros motivos, incide en que fue una situación puntual, producida en unos días concretos (los días previos a la entrada en vigor de la Tarifa de ültimo Recurso) y motivada por una situación crítica en los procesos y programas de las compañías, que no supuso ningún freno al proceso de liberalización ni ningún daño final a las comercializadoras independientes.
Finalmente, en cuanto a la contratación con grandes clientes, las citadas fuentes de Unesa explicaron que se llevaron a cabo reuniones separadas con las principales empresas suministradoras de electricidad y los principales consumidores (englobados en Aege) para detectar, evaluar e implementar las acciones oportunas para la eliminación de las tarifas generales de alta tensión, de modo que ningún consumidor se quedara sin suministro o con uno más caro.
Unesa sostiene que sólo se mantuvieron conversaciones de carácter general (sin que se fijaran condiciones contractuales concretas). Las compañáis eléctricas "simplemente respondieron a una invitación del Ministerio para intentar buscar líneas de entendimiento con Aege; conversaciones que además no terminaron en ningún consenso".