Lima, 8 dic.- La Unión Interparlamentaria acordó hoy respaldar las medidas legales nacionales e internacionales que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero "ante las graves amenazas que se ciernen sobre el planeta por el calentamiento global".
Al término de una reunión celebrada hoy en Lima, los miembros de la Unión Interparlamentaria advirtieron del "grave peligro que amenaza a la humanidad" y señalaron que es necesario promulgar una legislación que permita cumplir la propuesta de reducir el incremento de las temperaturas establecido en Copenhague en diciembre de 2009.
"Si bien reconocemos la necesidad de cooperar para establecer un límite máximo de emisiones de carbono a nivel mundial y nacional, apoyamos el llamamiento en favor de la adopción de medidas nacionales para limitar el aumento de la temperatura mundial media a 1,5 grados centígrados, de conformidad con la propuesta formulada por los países más vulnerables sobre la base de la mejor información científica disponible", señaló el documento.
La declaración parlamentaria, suscrita durante la celebración en Lima de la vigésima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), señaló que las pruebas científicas presentadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático "son amplias e irrefutables."
"Desde la década de 1950 el sistema climático mundial ha experimentado un cambio sin precedentes, en una escala desconocida en décadas o milenios anteriores", alertaron los parlamentarios.
Se comprometieron, en ese sentido, a "apoyar el proceso para firmar un acuerdo mundial en París en 2015, lo que significa que en la COP20 deberá elaborarse un documento base que refleje la voluntad para asumir compromisos frente al calentamiento global."
"Debe exigirse a los países que promulguen leyes sobre el clima, en los que se establezcan objetivos claros y ambiciosos tanto a corto plazo como con carácter permanente y se prevean mecanismos de ajuste de valoración a más tardar a 2020 con el fin de reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030", indicó el texto.
La declaración remarcó que la financiación, la transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad de los países en desarrollo son fundamentales para la adaptación al cambio climático y su mitigación.
También consideró esencial establecer un marco normativo general para los distintos sistemas de supervisión, presentación de informes y verificación, con objeto de que tengan el nivel de eficacia y transparencia necesaria para asegurar la credibilidad del nuevo acuerdo sobre el cambio climático.
La declaración de los parlamentarios concluyó diciendo que ningún acuerdo internacional sobre el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres será creíble y eficaz si no se incorpora a las legislaciones nacionales.
"Los Parlamentos deben desempeñar su autoridad constitucional de manera más enérgica y seguir promoviendo los compromisos nacionales asumidos por los países desarrollados y las medidas adoptadas por los países en desarrollo con miras a reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar medidas para la adaptación", señaló.
La reunión, celebrada en la sede del Parlamento peruano con la participación de delegaciones oficiales y expertos de 160 países, fue considerada un encuentro sin precedentes por la presidenta del Congreso de Perú, Ana María Solórzano.
Sin embargo, el presidente de la Unión Interparlamentaria, Saber Chowdhury, advirtió que los Estados aún están lejos de los objetivos de la COP20 y que los esfuerzos tienen que orientarse a tener un acuerdo de carácter vinculante.
En la COP20, que finaliza el viernes, se negocia un documento base sobre reducción de gases de efecto invernadero y financiación de acciones contra el cambio climático que se apruebe el próximo año en la COP21 de París para sustituir al protocolo de Kioto, suscrito en 1997 y con vigencia hasta 2020.
La Unión Interparlamentaria, fundada en 1889 y con sede en Ginebra, reúne a 141 Parlamentos nacionales y 5 asambleas parlamentarias regionales con el objetivo de fomentar la cooperación entre los Parlamentos y con el sistema de Naciones Unidas.
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