Madrid, 1 abr.- UPyD ha presentado hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando que declare nula la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud de la Comunidad de Madrid, contenida en la ley regional de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada el pasado 27 de diciembre.
En el recurso, registrado hoy en el TC, el Grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid alega que los diputados autonómicos no han recibido los estudios ni la información necesaria y exigida por la Constitución para la aprobación de una ley.
Según el portavoz de UPyD en la Asamblea regional, Luis de Velasco, la petición de amparo se basa en el artículo 23 de la Constitución, referido al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes elegidos en las urnas.
Este derecho implica que junto a los proyectos de ley e iniciativas del Gobierno, los diputados deben recibir "toda la información precisa y estudios profundos que apoyen la norma que se somete a aprobación por el poder legislativo, en este caso, la Asamblea de Madrid".
Velasco explica que la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales se aprobó "sin que los diputados de la Asamblea de Madrid hubieran recibido información de ningún tipo sobre los costes económicos, presupuestarios y sociales que suponía la privatización de estos centros sanitarios en la Comunidad de Madrid".
El grupo parlamentario de UPyD asegura que "ni en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, ni en ningún otro documento público o aportado posteriormente a los diputados, se ha incluido un estudio técnico, económico y profesional que reúna los requisitos necesarios".
UPyD subraya en el comunicado que en marzo de 2013, "tres meses después de la aprobación de la Ley, el Gobierno sigue sin facilitar esos informes a los diputados, ni tampoco a los sectores interesados, por lo que se desconoce si carecen de ellos o quieren ocultarlos al debate público".
Por otro lado, la portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, solicitó la semana pasada a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la externalización de la asistencia sanitaria que pretende la Comunidad de Madrid, al no poder presentarlo directamente su grupo en el Congreso de los Diputados por tener menos de 50 diputados.
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