Upyd pide que “todos los familiares” de “niños robados” sean reconocidos jurídicamente como víctimas

El Grupo Parlamentario UPyD ha presentado una moción consecuencia de interpelación que insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que “se reconozca institucionalmente la cualidad jurídica de la ‘víctima’, a todos los familiares separados por robo, fuerza, engaño o coacción, tras el nacimiento del bebé o como consecuencia de adopciones forzadas”.
La moción, a la que tuvo acceso Servimedia, propone también, “la creación en todas las Comunidades Autónomas de una oficina de atención a la víctima del robo de bebés y búsqueda de orígenes, en consonancia y cooperación con la creada en Madrid en la sede del Ministerio de Justicia, para la atención directa y presencial a todos los ciudadanos afectados”.
Dicha oficina deberá prestar también, propone UPyD, “asesoramiento y ayuda a los hijos biológicos que buscan a sus padres y madres, no sólo en el caso de ser hijos falsos, sino aún en el caso de que las adopciones fueran legales”.
Además, quieren que a todas las víctimas de la sustracción de bebés se les reconozca “el derecho inmediato y sin condiciones a la asistencia jurídica gratuita, (de forma similar a la que ya se hace con las víctimas de violencia de género), con la asignación de abogado y procurador de oficio que les represente”.
“Las reformas legales y reglamentarias necesarias para la creación de una sección especializada de la fiscalía a fin de investigar coordinadamente los hechos que se presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos relacionados con la indicada trama delictiva del robo de bebes”, es otra de las propuestas de UPyD plasmadas en esta moción.
UPyD aboga también por la colaboración entre los hospitales públicos, los privados y la Iglesia sobre los expedientes médicos y archivos históricos de las personas afectadas.
Otra de las medidas que reclama UPyD es “la existencia de una única base de datos sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, que funcione de forma coordinada y accesible a la policía judicial y a los interesados”.
LA INTERPELACIÓN
Durante la interpelación de la que nace esta moción y que tuvo lugar el pasado 29 de mayo en el Pleno del Congreso, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que el Gobierno está “plenamente comprometido” con las víctimas de la trama de robo de bebés y garantizó que su intención es facilitar que “todos aquellos que tengan dudas, puedan conocer su filiación”.
La interpelación fue defendida por la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien le interpeló en el pleno para instar al Ejecutivo a que investigue los casos de bebés robados y a que “adopte medidas frente al archivo masivo de estas denuncias por parte de las fiscalías territoriales”.
Díez alegó que el archivo de estas causas produce una sensación de “inseguridad jurídica” que atribuyó a la “disparidad de criterios” entre las diferentes audiencias provinciales.
Para UpyD, los casos de robo de bebés entran de lleno en el concepto jurídico de ‘delito permanente’ y, por tanto, no deberían prescribir ni dejar de perseguirse en ningún momento. Pese a reconocer que el Parlamento no puede atentar contra la “independencia judicial”, Díez insistió en que los archivos se deben a la “ausencia de medidas legislativas concretas para atender esta situación”.
La formación denuncia que todavía no se han articulado medidas eficaces para facilitar la instrucción de estos procedimientos mediante la obtención de las pruebas necesarias, lo que evitaría el archivo de las diligencias de investigación.
El ministro advirtió a la diputada que cualquier cambio legislativo que se pueda introducir en la reforma del Código Penal no podrá tener efectos retroactivos porque sería inconstitucional y aseguró que su prioridad es facilitar a las familias que tengan dudas, los medios para conocer su identidad.
“El Gobierno”, dijo Gallardón, “está plenamente comprometido con este asunto que es de los más graves y humillantes” a los que se puede ver sometida una persona e insistió en que no puede “haber ninguna duda” de la voluntad de la Fiscalía de con seguir que “se haga justicia”.