Urra y los antivacunas avivan el debate sobre si son un derecho de los niños o una obligación de los padres

El niño de seis años ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por difteria sigue "estable dentro de la gravedad". Los padres no eran partidarios de vacunar a Pau y ahora los técnicos de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat han detectado difteria en ocho niños cercanos al contagiado de seis años de Olot (Girona).

El primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y los anti-vacunas, avivan el debate sobre si son un derecho de los niños o una obligación de los padres. Javier Urra ha afirmado que vacunar es un derecho de los hijos, "no de los padres", y una obligación por la que deben velar los poderes públicos, y, por tanto, la Fiscalía es garante de los derechos de todo menor.

"Hay quien plantea la colisión de dos derechos: el individual de decisión de los padres y el de la salud pública. Obviamente desde la ética ciudadana y el mejor interés del menor, en casos de riesgos de enfermedad potencialmente mortal como es la difteria prevalece el derecho de protección del que velan los poderes públicos sobre la opinión de los progenitores", señala.

En este sentido, explica que "el Estado debe en lo posible informar y educar a los ciudadanos persiguiendo de forma punible a quienes transmiten mensajes antivacunas sin evidencia científica". Asimismo, recuerda que "todo padre debe saber que de no vacunar a sus hijos y a consecuencia de generar esa situación de riesgo conllevar un contagio, son civilmente responsables, y susceptibles de ser privados de guardia y custodia".Los antivacunas denuncian la falta de información

Las asociaciones antivacunas son una corriente partidaria de la medicina natural y que no está dispuesta a asumir los riesgos secundarios de las vacunas. No es algo habitual en España, donde según la Asociación Española de Pediatría, la cobertura de las vacunas comunes que se administran en edad infantil muestran un cumplimiento del 95 % de media en el territorio nacional.

La Asociación de Afectados por Vacunas (AxV) denuncia la falta de información clara y completa sobre la composición de los tratamientos de inmunización y los riesgos de salud que pueden tener: "Confiamos siempre en la buena fe, pero la mayoría de las veces los propios médicos desconocen los efectos adversos".

Añaden que las vacunas "son potencialmente dañinas y no se advierte de ello en las fichas técnicas". Además, recuerdan que "los prospectos hablan de contraindicaciones en algunos casos, pero no se hacen pruebas previas a los bebés para conocer si su organismo es compatible"."La difteria no es una enfermedad infecciosa severa"

Desde La Liga por la Libertad de Vacunación, la agrupación antivacunas más influyente de España, han emitido un comunicado en el que manifiestan que la difteria no es una enfermedad infecciosa severa y que no se trata de un caso de epidemia, por lo que su aplicación no debe ser obligatoria.

"En la composición de la vacuna de la difteria encontramos difteria, tétanos, tosferina, haemophilus, polio, aluminio ‐500 microgramos‐, fenoxietanol, trazas de thiomersal ó mercurio ‐50 microgramos‐ y polisorbato ‐80 microgramos. Quiere esto decir que además de difteria están presentes otras vacunas y componentes tóxicos de alta capacidad lesiva para el organismo vacunado", explican en un comunicado.

Añaden que entre los efectos adversos posibles de las vacuna de la difteria se contemplan la muerte postvacunal (una muerte por cada 2.000.000 dosis administradas), reacciones de hipersensibilidad inmunitaria, lesiones neurológicas o encepalopatía postvacunal, nefropatías o lesiones renales.No hay consecuencias legales para los padres

El ordenamiento jurídico español ni incorpora cláusulas de obligatoriedad, ni contiene previsión alguna para resolver posibles conflictos legales, sobre todo los derivados de la negativa de los padres a vacunar a sus hijossalvo en situaciones puntuales de epidemias no controladas que amenacen de forma importante a la salud pública. Así figura en un documento sobre aspectos legales de las vacunas del Comité Asesor de Vacunas, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Un apartado de la Ley 22/1980 dice que "las vacunaciones contra la viruela y la difteria y contra las infecciones tíficas y paratíficas, podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno cuando, por la existencia de casos repetidos de estas enfermedades o por el estado", algo que no ocurre en España, ya que no se daba un caso desde hace tres décadas.

Este organismo elabora un calendario nacional para la vacunación infantil, que se completa con los diferentes calendarios aprobados por las comunidades autónomas al amparo de sus competencias de ordenación y planificación de la salud pública. Al tratarse de una mera recomendación, los padres pueden decidir no vacunar a sus hijos sin que por ello incumplan la normativa estatal.

Los padres, después de recibir una información precisa y veraz, sobre los beneficios y riesgos de la vacunación por parte de un profesional de la salud capacitado, deben decidir, de forma responsable, sobre la aceptación de la vacunación de su hijo. En caso de decidir no vacunar, deberían firmar un documento de no aceptación de la vacunación, reconociendo su responsabilidad por las posibles consecuencias médicas, éticas y legales, individuales y sociales, de su decisión.