Uruguay dice cumplió con casi todo lo dispuesto por Corte IDH en caso Gelman

Montevideo, 3 nov.- El Gobierno uruguayo "ya cumplió con casi todo" lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el denominado "caso Gelman", afirmó hoy el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.

"Prácticamente todos los temas administrativos se han cumplido o están muy encaminados", dijo Almagro durante un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en Uruguay (APEU).

Según Almagro, lo que queda pendiente es definir la fecha para el "acto de reparación" que, según la Corte interamericana, debe hacerse al poeta argentino Juan Gelman y a su nieta Macarena por la desaparición de María Claudia García, nuera del primero y madre de la segunda, la cual desapareció en 1977 a Uruguay, pas al que fue llevada ilegalmente tras ser secuestrada en Argentina por militares.

Macarena, nacida en Uruguay durante el cautiverio de su madre, cuyos restos no han sido encontrados, vivió sin conocer su verdadera identidad hasta el año 2000, cuando tenía 23 años y fue localizada por su abuelo.

El Estado uruguayo pagó a Macarena Gelman "una cifra que ronda los 500.000 dólares" y "nos queda pendiente el acto de reparación", subrayo Almagro.

"Se está buscando coordinar una fecha en la que Macarena y su abuelo puedan estar presentes", destacó.

El canciller dijo que en su opinión el acto "debe involucrar" a los tres poderes del Estado uruguayo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y realizarse en una sesión especial de la Asamblea General (senadores y diputados).

El pasado día 28, la Justicia uruguaya ordenó el procesamiento de cinco militares y un policía acusados del homicidio especialmente agravado de María Claudia García de Gelman.

Los procesados, que ya se encuentran en prisión condenados por el asesinato de 28 opositores a las dictaduras uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor, son los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y el ex policía Ricardo Medina.

Asimismo, el juez Pedro Salazar dispuso la solicitud de extradición a Brasil del exmilitar Manuel Cordero, que fue entregado por la Justicia brasileña a Argentina, donde actualmente cumple condena.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el pasado mes de marzo al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García de Gelman y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.

Fue la primera condena a Uruguay por parte de ese tribunal en su historia.

El tribunal fijó una indemnización y estableció además que la Ley de Caducidad de Uruguay no deberá volver a representar un obstáculo para la investigación de este tipo de casos sucedidos durante la dictadura (1973-1985).

Hace una semana el Parlamento uruguayo aprobó una ley que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura y los declara crímenes de lesa humanidad para hacerlos imprescriptibles.

En la práctica la nueva norma deroga la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y avalada por la ciudadanía en dos referendos, uno en 1989 y otro en 2009.

La sentencia de la Corte IDH obliga al Estado uruguayo a realizar una investigación de los hechos "a fin de esclarecerlos y determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas".

Además, "el Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación", apunta el texto.

En cuanto a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide el interrogatorio judicial de militares sin la aprobación del Gobierno, la Corte IDH manifestó que "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".

Esta ley, agregó, "puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".

La sentencia contempla también la realización, en el plazo de un año, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado uruguayo, así como "implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial".