Panamá, 17 may.- Cuatro veedores ecuatorianos que temen ser encarcelados por asegurar que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado, "están" en la Embajada de Panamá en Quito, afirmó hoy a Efe una fuente oficial.
Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aseguró que "se están haciendo las consultas pertinentes en estos casos y aún no hay nada decidido" sobre la petición de asilo que han hecho los ecuatorianos Pablo Chambers, presidente de la veeduría, y tres colegas suyos.
El portavoz, que pidió el anonimato, precisó que los ecuatorianos "están en el patio de la embajada" panameña en Quito, y destacó que ellos "además pidieron asilo a Costa Rica", país que este jueves aclaró que nunca completaron la solicitud formal por lo que "pareciera" que "desistieron" de la misma.
Chambers y sus colegas José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo estaban citados para comparecer hoy ante un juez en el marco de un proceso que se les sigue acusados de "perjurio, tratando de desestabilizar la democracia", según explicó el miércoles a Efe el propio presidente de la veeduría.
Ese tipo de delito es "algo parecido a terrorismo" y "no tiene medidas sustitutivas a la prisión", añadió, al explicar por qué temen ser encarcelados de presentarse ante el Juzgado Quinto de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.
El juez ecuatoriano Fabián Llánez ordenó hoy no salir del país a los cuatro miembros de la veeduría y que se presenten ante el juzgado cada quince días, después de que la Fiscalía no pidiera la prisión preventiva en la misma audiencia, informó Ramiro Román, el abogado de los acusados.
Además de a Panamá y Costa Rica, los cuatro ecuatorianos han pedido desde el viernes pasado asilo en las embajadas de Chile, Reino Unido y el Vaticano, sin que ninguna haya dado aún una respuesta.
Los cuatro veedores también han solicitado medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y han acudido a la Defensoría del Pueblo, que por ahora no se han pronunciado a su favor, explicó Chambers, quien dijo no confiar en la justicia ecuatoriana.
La investigación que llevaron a cabo los cuatro ecuatorianos la solicitó el propio presidente ecuatoriano, pero después de que sus resultados se hicieron públicos hace un año, Correa los acusó de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa y los denunció ante la Fiscalía.
En su informe, la veeduría aseveró que el importe de los contratos de Fabricio Correa ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 140 millones.
También afirmó que Rafael Correa sí conocía esos contratos y que en su adjudicación hubo trato de favor a Fabricio que, después del escándalo, se ha presentado como un acérrimo opositor a la gestión de su hermano.
El mandatario ha negado haber tenido conocimiento de los contratos, que él canceló después de que una investigación periodística los sacara a la luz, y ha afirmado que el objetivo de la veeduría era "hacerle daño al Gobierno".
El Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, otorgó en febrero pasado asilo al directivo del diario ecuatoriano El Universo Carlos Pérez, condenado por la Justicia de Ecuador, junto a otras tres personas, a tres años de cárcel y al pago de una multa millonaria por injurias a Correa, quien finalmente los perdonó y pidió la remisión de la condena.
Pérez llegó a Panamá a principios de marzo en calidad de "visitante" y se reunió con el canciller del país, Roberto Henríquez, quien entonces dijo desconocer el motivo por el cual el director de prensa había declinado pedir el asilo territorial a su llegada al país centroamericano.
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