Velasco vuelve a preguntar a EEUU si está investigando torturas en Guantánamo

Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha vuelto a preguntar hoy a las autoridades de Estados Unidos para que le informen de si ese país está investigando los delitos cometidos en Guantánamo antes de decidir si admite una querella contra los responsables de la creación de esa prisión.

En un auto notificado hoy, el magistrado recuerda que ya solicitó esa información mediante una comisión rogatoria cursada el 4 de mayo de 2009 y dice que reitera la petición porque "habiendo transcurrido excesivo tiempo" desde entonces, sigue sin saber si alguien en Estados Unidos está o no investigando los hechos "o si lo va a hacer".

Velasco señala, además, que después de enviar la comisión rogatoria la reiteró el 7 de abril y el 18 de octubre de 2010, por lo que da "un último plazo de un mes" para que le contesten.

Si sigue sin recibir respuesta, añade el juez, entenderá que Estados Unidos no está persiguiendo los supuestos delitos cometidos en Guantánamo, con lo que se cumpliría uno de los requisitos exigidos para que la Audiencia Nacional se declarara competente para investigarlos.

La querella sobre cuya admisión debe pronunciarse Velasco fue interpuesta por la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España y va dirigida contra seis abogados estadounidenses por dar el apoyo legal para la puesta en marcha del centro de detención.

Los querellados son Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos; y otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.

La querella afirma que los denunciados "participaron activa y decisivamente en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un cuerpo de derecho positivo o andamiaje jurídicos" que permitió privar de derechos a los prisioneros, poner en práctica técnicas de interrogatorio que incluían la tortura y dar cobertura legal a esa situación.

Pero, sobre todo, les acusa de "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo".