Vicepresidente colombiano refuta a la CIDH y dice Estado sí actúa por matanza

Bogotá, 28 jul.- El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, refutó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aseguró que la Justicia del país andino sí actúa para esclarecer y sancionar a los responsables de una matanza de diecisiete civiles registrada en 1998.

"El Estado colombiano en ningún momento ha negado los hechos, al contrario, hay algunas personas condenadas y también el Estado es consciente de la reparación a las víctimas", declaró hoy Garzón en Bogotá.

En Washington, un informe de la CIDH concluyó que estos hechos (un bombardeo y la matanza) permanecen en la impunidad, pues el Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables intelectuales y demás responsables materiales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondieran".

Garzón insistió en que "un elemento que tiene que tener en cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la Justicia colombiana está actuando".

Añadió que "los organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos un tema que tienen que valorar es que la Justicia colombiana funciona o no funciona".

Las dos partes aludieron a una acción de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que el 13 de diciembre de 1998 en una labor de persecución de guerrilleros, bombardeó la aldea de Santo Domingo, en la municipalidad de Tame, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Una bomba tipo racimo lanzada sobre el pueblo mató a 17 civiles, incluidos cuatro niños y dos niñas, e hirió a 27 civiles, incluidos cuatro niños y cinco niñas.

En junio pasado, y pese a la CIDH, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a un piloto y a un copiloto a 360 meses de prisión por esa acción.

La sentencia de segunda instancia proferida por el alto tribunal condenó a los miembros de la FAC César Romero Padilla (piloto) y Johan Jimenez Valencia (copiloto).

Los oficiales de la FAC perseguían a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que hostigaba el oleoducto Caño Limón - Coveñas, muy cerca de Santo Domingo.

En su retirada los rebeldes habrían ingresado a la aldea y trataron de confundirse entre los civiles.