La victoria de los conservadores en el Consejo agrava la fractura en la fiscalía

  • Fuentes progresistas consideran que si el Consejo Fiscal ha decidido no pronunciarse todavía sobre los fiscales apartados es porque se espera a un momento menos mediático para ratificar la decisión de Moix.

    Los progresistas acusan a los conservadores de menoscabar la imagen de "imparcialidad" de la Fiscalía y los conservadores se defienden acusándoles de actuar por intereses ajenos a la Justicia.

La victoria de los conservadores el Consejo agrava la factura en la fiscalía
La victoria de los conservadores el Consejo agrava la factura en la fiscalía

"Ha sido un auténtico golpe. Aunque esperábamos que no se aprobara ninguna de las peticiones, en el fondo teníamos la esperanza de que se produjera algún tipo de cambio". Así habla uno de los fiscales enmarcados dentro del área progresista sobre las decisiones adoptadas en el Consejo Fiscal: rechazar, por mayoría de 9 a 3, pedir al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que destituya al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix; y no prestar su amparo a los tres fiscales Anticorrupción del caso Pujol denunciados por un imputado por un delito de coacciones.

Otro de los temas debatidos ha sido la queja de Grinda y Bermejo por haber sido relevados del caso 3 %, un debate que se ha pospuesto "a la espera de mayor información" que ha solicitado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tanto al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, como a los fiscales del caso.

"Es una maniobra estudiada. Un golpe de efecto para no dar una victoria por goleada a los conservadores. No han decidido no relevar a los fiscales. Simplemente han dejado la decisión para más adelante, para un momento en el que no haya tanta presión mediática", continúa el fiscal.

Es más, al término de la reunión, los representantes de la UPF han emitido un comunicado donde han sostenido que "los vocales que suscriben el presente comunicado hemos sometido a debate en el Consejo Fiscal la situación vivida en la Fiscalía Especial contra la corrupción y criminalidad organizada (FAC) y hemos planteado al Fiscal General la conveniencia de remover al actual Fiscal Jefe de esa Fiscalía". Además, Eduardo Esteban, Sofía Puente y Fernando Rodríguez han señalado que "ya expresaron su parecer sobre la falta de idoneidad del señor Moix para ejercer dicha jefatura en el Consejo celebrado el pasado 22-2-2017 dando nuestro apoyo a otros fiscales que también optaban a esa plaza".

Por el contrario, y para intentar suavizar posturas, el Consejo Fiscal ha emitido comunicado donde ensalza la labor desempeñada por los fiscales Anticorrupción en España y que algunos progresistas tildan de "previsible, sin contenido y poco contundente".

"Todos los componentes de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan un trabajo difícil y necesario para dar cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, por encima de las luchas partidistas y al margen de unas presiones dirigidas con cualquier finalidad para condicionar su actuación. El Consejo Fiscal reconoce la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, alienta su trabajo y reclama para ellos respeto y que se garanticen las mejores condiciones para desarrollar con eficacia su función", han defendido desde el Consejo.Fractura en la Fiscalía

El agitado Consejo Fiscal no ha hecho sino agravar la crisis que desde hace meses se vive en el seno de la judicatura y la fiscalía y que ha saltado a los medios desde que se decidió llamar con testigo a Mariano Rajoy en el marco del caso Gürtel.

Desde entonces, los cruces de acusaciones son constantes. Los progresistas acusan a sus contrarios de no dar una apariencia de imparcialidad, de haber sembrado el escándalo con su actuación en los últimos casos de corrupción y, nunca públicamente, de actuar en defensa de los intereses del partido gobernante.

Por su parte, los conservadores se defiende diciendo que el otro sector no busca la decisión más adecuada, sino que generen mayor impacto y sirvan a propósitos distintos a los de la Justicia. De lo contrario, dicen, no entienden la citación de Rajoy a declarar o la invocación del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público.

Mostrar comentarios