París.- El proceso que se sigue en París contra dos presuntos dirigentes de ETA, los considerados jefes de su aparato político y financiero cuando fueron detenidos en 2004, y otros ocho presuntos miembros de la banda terrorista quedó hoy visto para sentencia.
Durante la mañana de hoy el tribunal dio la palabra por última vez a los procesados y suspendió la sesión poco después de las 11.00 horas locales (10.00 GMT).
El tribunal tiene previsto pronunciarse esta tarde, a partir de las 17.00 horas locales (16.00 GMT) en un proceso contra, entre otros, los presuntos ex dirigentes de ETA Mikel Albisu, "Mikel Antza", y María Soledad Iparraguirre, "Anboto", juzgados desde el pasado 15 de noviembre.
La Fiscalía ha pedido las penas máximas -treinta años de prisión- para "Antza" y "Anboto", considerados por la acusación como dirigentes etarras al ser detenidos en 2004, el primero en tanto que jefe del aparato político y la segunda del financiero.
El fiscal, Jean-François Ricard, también solicitó ante el Tribunal de lo Criminal de París que dos tercios de esas penas -las máximas posibles por los delitos de los que están acusados- sean de cumplimiento efectivo entre rejas, y que una vez que salgan de prisión sean expulsados de forma definitiva de Francia.
El representante del ministerio público requirió 20 años de cárcel, también con dos tercios de cumplimiento efectivo, para otro de los procesados, Juan Cruz Maiza, en tanto que "corresponsable del aparato logístico" al menos en el periodo 2002-2004.
En ese período estuvo presuntamente a cargo de los escondites donde ETA tenía arsenales de armas y explosivos en Francia.
Para los otros siete encausados -todos ellos dueños de propiedades en las que la banda terrorista escondía algunos de sus arsenales-, las condenas pedidas por la fiscalía se escalonaron de 15 a 5 años de prisión.
En concreto, fueron 15 años para Peio Alcantarilla Mozota, 12 para José Ramón Arano Urbiola, 12 para Miguel Ángel Negrete Ortega, 7 para Xavier Oxarango, otros tantos para Robert Arrambide, seis para Lourdes Urdampilleta y 5 -con una exención parcial de cumplimiento- para Myriam Inçaby.
La abogada de los tres principales procesados, en su intervención el jueves ante el Tribunal después de conocerse la petición de penas, sugirió que hay "una intención política" detrás de ellas.
La letrada, Xantiana Cachenaut, consideró que las penas que la fiscalía ha solicitado contra sus clientes son de una dureza "nunca" vista en Francia por los delitos de los que están acusados.
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