El Gobierno afronta hoy en el Congreso una nueva votación in extremis con los vetos de ERC y JxCAT a la nueva Ley de Seguridad Nacional, que permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis. El pleno de la Cámara Baja tendrá que pronunciarse sobre las dos enmiendas a la totalidad de JxCAT y de ERC así como sobre la enmienda con texto alternativo de ERC a un proyecto de ley que no contenta ni a los partidos de derecha ni a los de izquierda ya que consideran que vulnera derechos fundamentales.
Y aunque ERC valoró en un primer momento retirar sus vetos, fuentes del grupo parlamentario han asegurado a Efe que los mantendrán, lo que deja en el aire si el proyecto de ley sigue su trámite o decae. De momento las enmiendas a la totalidad de los independentistas que se votan en bloque -no así la de devolución con texto alternativo- son rechazadas por el PSOE y por Unidas Podemos, pero no tienen garantizados los votos necesarios para que decaigan, ya que algunos socios de investidura como el PNV o Más País están valorando si apoyarlas.
Tampoco el PP, Vox y Ciudadanos han avanzado su sentido del voto aunque estos partidos mostraron su rechazado cuando fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero al considerar que da poder absoluto al Gobierno y vulnera derechos fundamentales de la Constitución. De hecho tanto Vox como el antiguo líder del PP, Pablo Casado, llegaron a anunciar que recurrirían esta ley ante el Tribunal Constitucional, aunque el nuevo líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en las últimas horas que no quiere romper el diálogo con el Ejecutivo porque el PP pretende servir al Estado.
Feijóo no ha desvelado el voto pero ha dicho que será "previsible", al tiempo que Vox avisó en su momento que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional no puede servir para "imponer un régimen de terror contra los derechos individuales". Queda por ver si la derecha se alinea con los vetos de los independentistas y deja caer la ley.
Una norma que modifica la Ley de Seguridad Nacional de 2015 de forma puntual y no afecta al contenido esencial, según señaló el Ejecutivo en su momento. El texto del proyecto de ley incide en que la reforma da cumplimiento al mandato que la propia ley exigía de regulación de los recursos, además de adaptarse a la experiencia vivida por la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Y es que con la nueva regulación, el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados con los que cuenta y se asegura que la movilización de los recursos se lleva cabo de forma "eficiente e integrada".
Además, el texto de la ley señala que la contribución de recursos se realizará en coordinación con las comunidades autónomas que, además de aportar medios humanos y materiales, intervendrán en las fases de planificación y gestión de los mismos. Sin embargo la enmienda de devolución de ERC es tajante y pide la derogación de este proyecto de ley. Al igual que el veto de JxCAT que critica la capacidad que se arroga el Estado de modificar "unilateralmente el marco competencial".
"Supone un intervencionismo inaceptable en un Estado de las autonomías", critica JxCAT mientras que ERC lamenta que el texto de la nueva ley deje en manos del Gobierno, "cuando lo estime conveniente y sin previa consulta o deliberación del poder legislativo, la declaración de situación de interés para la seguridad nacional". El PSOE, sin embargo, se muestra confiado en que decaigan estos vetos y la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, dejó claro ayer su convencimiento de que el proyecto seguirá su tramitación y pasará así a la comisión correspondiente para su debate de enmiendas parciales.
"No es que niegue que el PP vaya a votar en contra de la Ley de Seguridad Nacional, me gustaría que la apoyara", ha dicho Lastra que no tiene "ninguna" confianza en la "altura de miras" de los populares y en su "responsabilidad de Estado". Lo cierto es que este debate vuelve a dejar en evidencia la fragilidad del Gobierno en el Congreso y su dependencia de los partidos que apoyaron la investidura en plena polémica por el espionaje con Pegasus. De nuevo se revive otra votación de última hora pendiente incluso de las abstenciones.
