La medida afectará a todos los organismos públicos, desde tribunales hasta hospitales, pasando por universidades, bibliotecas e instituciones gubernamentales.
Así, las administraciones deberán asegurar que todos los usuarios pueden acceder a sus datos y servicios en Internet, como presentar la declaración de la renta, solicitar una beca, cumplir con los pagos o inscribirse en la Universidad.
Los Estados miembros tendrán ahora un plazo de 21 meses para trasladarlo a su legislación nacional a partir de la publicación de la directiva en el Diario Oficial de la UE.
A partir de ahí, los nuevos estándares se aplicarán a las nuevas páginas webs en un plazo de 12 meses, las ya existentes tendrán un plazo mayor para adaptarse (24 meses) y las aplicaciones móviles deberán cumplir a más tardar en 33 meses.
Los organismos deberán informar con regularidad sobre los progresos para mejorar la accesibilidad de su páginas webs y contenidos para tabletas o móviles, además de reservar un espacio para que los usuarios puedan denunciar deficiencias.
"Necesitamos reformas aplicables también a los servicios ofrecidos por el sector privado, desde la banca a las cadenas de televisión y los hospitales privados", ha advertido la ponente del texto parlamentario, la liberal checa Dita Charanzova.
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