Alcalde atribuye a jueces corruptos apertura de casinos irregulares en México

  • Jueces corruptos permiten la operación de casinos irregulares en México como el que fue incendiado la semana pasada en la norteña ciudad de Monterrey, con un saldo de 52 muertos, acusó hoy Mauricio Fernández Garza, el alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico del país.

Juan Alberto Cedillo

Monterrey (México), 30 ago.- Jueces corruptos permiten la operación de casinos irregulares en México como el que fue incendiado la semana pasada en la norteña ciudad de Monterrey, con un saldo de 52 muertos, acusó hoy Mauricio Fernández Garza, el alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico del país.

Fernández, en una entrevista con Efe, dijo que en meses pasados cerró los casinos en su municipio, donde viven los hombres más ricos de Nuevo León y están asentadas las sedes de grandes corporativos, como Cemex, Vitro y Alfa, entre otros.

"Fue un combate frontal, muy fuerte poder cerrar los casinos en el municipio, principalmente con un juez estatal que ya fue destituido y un juez federal que también está suspendido. Me costó mucho cerrarlos", dijo el alcalde.

Fernández, quien cerró los casinos porque había "evidencias de que estaban vinculados al crimen organizado", presentó este martes ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa para prohibir estos negocios en todo el estado, cuya capital es Monterrey.

La clausura o permanencia de las casas de apuestas en Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, comenzó a debatirse después del ataque incendiario al Casino Royale, donde murieron 52 personas, perpetrado por integrantes de cartel de las drogas Los Zetas porque sus dueños se negaron a pagar una extorsión.

"Los casinos se fueron desvirtuando y sirvieron para lavar dinero" del crimen organizado, agregó Fernández, quien es miembro de la familia Garza Sada, dueña de Alfa, el grupo industrial más grande de América Latina.

Diversos casinos de San Pedro, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, operaban ilegalmente gracias a amparos promovidos ante el Tribunal Contencioso Administrativo del estado, incluido el Casino Royale.

"Cuando ocurrió el terrible atentado (en Royale), se comprobó que los corruptos jueces tienen una responsabilidad en estos acontecimientos, ya que ellos habían evitado que los casinos fueran revisados hasta por Protección Civil", dijo Fernández.

Aseguró que el juez que ofreció un amparo al Casino Royale tiene una responsabilidad moral porque impidió que Protección Civil lo auditara, y "la tragedia ocurrió debido a que una de las puertas de emergencia estaba cerrada".

Señaló que jueces estaban permitiendo giros negros (prostíbulos) donde operaba la delincuencia organizada.

"No se vale que las primeras personas responsables en hacer valer la ley sean quienes la estaban violando", afirmó Fernández, quien asumió en noviembre de 2009.

"Tengo presentadas ante las autoridades y ante el Congreso denuncias contra estos magistrados, ya que ahora sobran evidencias para poderlos procesar", dijo el alcalde.

El presidente municipal de San Pedro Garza García se convirtió en una figura polémica cuando anunció que tomaría atribuciones que no le correspondían para sacar a los narcotraficantes de su municipio, ya que ese combate es un asunto federal.

Para ese propósito anunció la creación de un "Grupo Rudo" y el día que tomó posesión informó de la muerte de un importante capo cinco horas antes de que fuera hallado el cadáver del delincuente en Ciudad de México, lo que desató sospechas.

"Si ves al Nuevo León de hace veinte años cuando no había casinos, no había delincuencia. Sí veo una relación muy directa de un desorden provocado al establecerse casinos en una determinada localidad", subrayó el alcalde.

"Siento que la paz que aún mantienen muchos estados de la República es gracias a que no hay casas de apuestas", añadió.

Comentó que envió una carta al secretario de Gobernación, Francisco Blake, para que "haga bien su trabajo" y no autorice casas de apuestas para su municipio, donde están prohibidos.

Dijo que el colmo es que Gobernación autorizó la operación de una casa de apuestas que estaba frente a una escuela. Ese negocio es propiedad de la empresa Atracciones Vallarta, que también es dueña del Casino Royale.

"Eso está prohibido por el mismo reglamento de la dependencia para autorizar juegos y sorteos", subrayó Fernández.

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