El Parlamento Europeo se pone oficialmente en contra del tratado ACTA

Impulsado por los Estados Unidos y negociado por estos con numerosos países de todo el mundo, incluida la Unión Europea, el tratado ACTA, cuyo nombre se corresponde a las siglas en inglés de acuerdo comercial anti-falsificación, tiene, al menos en teoría, el objetivo de alcanzar un acuerdo para hacer frente al "incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global".

El problema es que, a instancia de los Estados Unidos, este tratado se ha venido negociando en secreto desde finales de 2007.

Esto ha llevado a que surjan rumores de todo tipo acerca del verdadero alcance del tratado, ya que en documentos filtrados de la negociación se llegó a mencionar, entre otras cosas, la posibilidad de que los agentes de aduanas pudieran revisar los contenidos de los portátiles y otros dispositivos electrónicos de los viajeros sin necesidad de ninguna orden judicial, o de que se establecieran leyes de tres avisos en los países firmantes para luchar contra las descargas a través de Internet.

Incluso después de haber hecho público a regañadientes el borrador en curso del tratado hace unos meses estas negociaciones han seguido en marcha a puerta cerrada, con lo que nada garantiza que el texto oficial siga siendo el mismo; más bien nuevas filtraciones parecen asegurar lo contrario.

Independientemente de que pueda haber motivos para negociar un tratado como este, lo que a mucha gente le parecía simplemente inaceptable es que los gobiernos lo estuvieran negociando a espaldas de sus ciudadanos, e incluso a espaldas de instituciones como el Parlamento Europeo, donde hace poro el eurodiputado Christian Engström decidió abandonar una sesión informativa acerca de este tratado porque se le quería imponer el que no pudiera luego comentar nada acerca de ella.

Pero ya antes del incidente en esa reunión, el Parlamento Europeo había solicitado transparencia en esa negociación y después incluso se presentó una declaración escrita contra el tratado en sí, declaración que necesitaba de la firma de al menos 369 europarlamentarios para ser aprobada, cifra que se alcanzó ayer, con lo que ahora sólo queda pendiente de que el presidente del Parlamento la oficialice.

Esto la conviertirá en la posición oficial del Parlamento, aunque no es vinculante, con lo que el Consejo y la Comisión europeos pueden optar perfectamente por ignorarla, aunque desde luego les envía un fuerte mensaje acerca de la oposición que el tratado y la forma de llevarlo está generando entre políticos de todo signo político.

Tan fuerte como que en la anterior legislatura, sólo 37 de las 436 declaraciones escritas propuestas fueron aprobadas.