La amenaza global contra Internet: El Paquete Telecom del Parlamento Europeo

Entre las diversas polémicas que levantó la redacción original de las disposiciones del Paquete de Telecomunicaciones o Pack Telecom había unas cuantas relacionadas específicamente con Internet que tanto grupos políticos como activistas de la Red se apresuraron a cuestionar. Aunque muchas de ellas se retiraron y otras fueron modificadas sustancialmente, son todo un ejemplo del tipo de peligros que Internet necesita evitar para mantener su neutralidad y garantizar los derechos civiles de los usuarios:Penalizaciones con cortes de acceso a la Red - Esta era una de las medidas que más rechazo supuso de todo el paquete: en la práctica establecía fórmulas para que una entidad no judicial (por ejemplo, una comisión y otro organismo designado al efecto) cortara el acceso a Internet de los internautas que incumplieran las normas sin que mediara un juicio previo. Este tipo de actuaciones, que por desgracia ya existen en algunos países, fue considera por muchos como una gran amenaza respecto a los derechos civiles, incluyendo el derecho a estar conectado a Internet y a no ser privado de esa conexión sin la garantía de un juicio imparcial previo. Del mismo modo que no se puede prohibir a nadie pasear por la calle si no es mediante una decisión judicial, no debería podérsele cortar la conexión a un usuario sin las mismas garantías por cometer infracciones menores (naturalmente otras pueden conllevar otro tipo de acciones incluso de mayor alcance, por ejemplo si están recogidas en el Código Penal).Problemas de Neutralidad de la Red - La concepción original del Paquete Telecom no garantizaba la neutralidad de la Red. Este concepto significa simplemente que los usuarios deberían poder utilizar sus conexiones a Internet para acceder a cualquier sitio y mediante cualquier protocolo sin que ciertos sitios o formas de acceso estén filtrados o bloqueados. Grupos como las operadoras de telefonía preferirían tal vez que la gente usara Internet solo para navegar por las páginas Web, y no para hablar por teléfono a través de programas como Skype (los llamados «telefonía por Voz-IP»). Otros podrían mantener acuerdos con buscadores, empresas de contenidos u otras y premiarles con más velocidad o contenidos diferentes a costa de penalizar a su competencia, algo inconcebible en una red global y abierta. Sin una normativa que garantice que los proveedores de acceso deben proporcionar las comunicaciones de forma neutral y sin intromisiones podrían producirse todo tipo de situaciones incómodas y de competencia desleal que los internautas prefieren evitar.

Tras encontrarse durante 2008 y 2009 con problemas para ser aprobado, el Paquete Telecom se enfrentaba a una tercera y última votación que sería decisiva: de ser rechazada tendría que ser retirado y comenzar una nueva peregrinación desde cero. Entonces sucedió algo en cierto modo inesperado: los diversos grupos parlamentarios –de todos los bandos del espectro político– se reunieron en un comité para llegar a un acuerdo previo antes de la votación. De este modo consensuaron un texto que o bien eliminaba los problemas más relevantes o suavizaban la forma en que se planteaban originalmente; el objetivo era aprobarlo.

De este modo, el texto final incluyó modificaciones para garantizar que cualquier medida que se tome contra los usuarios (como por ejemplo el corte de su conexión) deba ser supervisada por un juez, tras un procedimiento previo justo e imparcial. Ante la incredulidad de muchos, incluso el eurodiputado del Partido Pirata llegó a estar de acuerdo con esa medida, con tal de llegar al consenso; en muchos casos los textos remiten a «leyes superiores» sobre las que cada país tiene mayor poder de decisión.

La Neutralidad de la Red salió un poco peor parada: el texto final no solo no la garantizaba, sino que simplemente obligaba a los proveedores de servicios a comunicar a sus clientes de forma efectiva si realizan algún tipo de prácticas que vayan en contra de dicha neutralidad (como por ejemplo, filtrar sitios web o cierta formas de comunicación o uso de la Red). Algunos expertos consideran que el problema de esta medida es que aunque los proveedores sean libres de aplicar esas medidas o no, los usuarios no siempre son libres para cambiar de proveedor, como ya sucede en otros servicios de telefonía fija y móvil, por una amplia variedad de razones. También puede suceder que varios proveedores negocien en secreto ciertas limitaciones y cambios de condiciones del servicio, como ya se sabe que sucede en otros (el más conocido, las subidas de precio pactadas en el precio de la gasolina y otros productos).

El Paquete Telecom es también un ejemplo vivo de lo complejas que pueden llegar a ser las normativas que afectan a Internet: por un lado están las leyes de cada país, por otro las que llegan desde el Parlamento Europeo y a las que han de adaptarse las leyes locales en un plazo determinado y por otro los tratados internacionales como el denominado tratado ACTA promovido por los Estados Unidos, pero de alcance global. ¿Cuál de ellos aplicar en cada caso? ¿Tiene la misma legitimidad una normativa del Parlamento Europeo que un tratado comercial internacional que pretende ser impuesto mediante presiones comerciales? ¿Pueden hacer algo los países que quieren defender los derechos de sus internautas en sus leyes locales si consideran que esas otras normas se están entrometiendo demasiado en cuestiones de derechos fundamentales? Con el tiempo se verá cuáles acaban siendo aplicables y cuáles no, y cómo de efectivas son en cada caso.