La amenaza global contra Internet: La "Ley Sinde" en España

Cuando la Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde afirmó que se iba a tomar "todo el tiempo que fuera necesario para hacer bien el nuevo modelo de Internet" pocos sospechaban que seis meses después tendría a la Internet española encabronada contra ella y movilizada contra lo que rápidamente se popularizó como "Ley Sinde". Este término hacía referencia a unos cuantos párrafos del anteproyecto de la LES que muchos analistas consideraban que aparentemente se habían añadido a última hora como una de las disposiciones aparentemente menores y que afectaba a la ley de propiedad intelectual, en especial en sus conflictos con Internet. Como sucede en muchos casos y en diferentes países, una cosa son las intenciones de quienes plantean las leyes (que no se conocieron hasta más adelante) y otra la forma en que se plasman en un texto final. Con el tiempo se vio que ni una cosa ni la otra satisfacían a los internautas críticos con la Ley Sinde.

Lo interesante del caso es que a los pocos días de la presentación de la "Ley Sinde" sucedió algo en el más puro espíritu de Internet. Algo de una magnitud que pocas veces antes se había visto en España: un grupo de internautas escribió un Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet que recogía las razones de la oposición a la Ley Sinde en una serie de aspectos puntos concretos. Las principales preocupaciones eran la violación de derechos fundamentales, la falta de garantías judiciales en el proceso planteado (básicamente, el cierre de determinadas páginas web), las intromisiones políticas en la Red cuando siempre se ha considerado que no son necesarias para ella más leyes que las ya existentes, la preocupación por la vulneración del concepto de neutralidad de la Red y la necesidad de una verdadera reforma de la ley de propiedad intelectual para devolver a la sociedad el conocimiento, limitando los abusos de las entidades gestoras.

Miles de internautas se consideraron identificados con el planteamiento del manifiesto y lo firmaron y republicaron espontáneamente, haciéndolo circular de blog en blog y de página en página. Lo que había nacido de forma caótica y desorganizada, al más puro estilo de Internet, desembocó en que se crearan grupos, redes sociales, wikis y que la presencia del "Manifiesto" se hiciera notar en todos los medios, tanto de Internet como tradicionales: televisión, radio, tertulias… En el grupo de Facebook miles y miles de usuarios se sumaban a apoyarlo cada día (en estos momentos supera los 230.000) y el canal #manifiesto de Twitter se convirtió de repente en una forma de seguir en "tiempo real" todo lo que sucedía y se publicaba. Era un movimiento surgido de la Red, difundido por la Red y tan espontáneo como suelen ser este tipo de cosas. Si su aparición fue en cierto modo sorprendente, no menos sorprendente lo que sucedió a continuación: la Ministra invitó a una reunión a algunos internautas para escuchar lo que tenían que decir al respecto.

En esa primera reunión [a la que quien escribe estas líneas tuvo oportunidad de acudir a título personal] quedó claro que había una clara disfunción entre la intención y la forma de la propuesta de Ley: mientras que el Gobierno afirmaba que su intención era usar la reforma para perseguir a "únicamente a unas 200 páginas web que ganaban dinero de forma ilegal vendiendo contenidos propiedad de otros" la redacción del texto era tan genérica y ambigua que planteaba un sinfín de potenciales problemas: podría servir para prácticamente cualquier otro fin, principalmente el cierre de cualquier página web sin que un juez tuviera que intervenir de forma efectiva en el proceso. La Ministra intentó acallar las críticas afirmando que no se perseguirían las "páginas de enlaces" (que no alojan contenidos, sino que simplemente enlazan a otros sitios) ni tampoco a los usuarios particulares que utilizan programas P2P para compartir archivos. También afirmó que no se cortaría la conexión a Internet de ningún usuario (algo que en Francia era la intención de la Ley Hadopi).

Entre las mayores preocupaciones que se plantearon en contra de las medidas propuestas en la Ley estaban la falta de garantías judiciales (el procedimiento sería de urgencia y en cuatro días cualquier página podría quedar cerrada si una comisión enviaba la petición a un juez), la previsible poca neutralidad de la comisión designada para recibir las denuncias (a día de hoy no se conoce su composición), la normativa exacta por la que se regiría (algo que también a día de hoy se desconoce) y la poco practicidad del sistema de "bloqueo" de webs, página por página en muchos casos, para lo que deberían colaborar en la práctica todos los proveedores de Internet del país de forma obligatoria. Preguntado el Gobierno si eso no equivaldría en la práctica a una censura como la que se aplica a Internet en China o en otros países respondieron con un escueto "Es que en España ya estamos como en China". Quedó claro que su confusión se refería a servicios como Spotify, iTunes YouTube, que ofrecen catálogos de música o vídeos distintos para distintos países. Pero en estos casos son las propias empresas propietarias distribuidoras de los contenidos las que deciden qué ofrecer en cada lugar según su estrategia comercial, algo en lo que están en todo su derecho: no es una mano invisible ni una comisión quien decide qué datos pueden verse y qué datos no verse. Eso sólo sucede en China, Irán, Birmania y otros agujeros negros de Internet.

Tras este encuentro se sucedieron otras reuniones entre internautas (principalmente periodistas, bloggers, empresarios y creadores de contenidos) con diversos grupos políticos como Izquierda Unida, el Partido Popular, el PSOE y otros. También surgieron otras iniciativas como Red-SOStenible que publicó su manifiesto A partir de hoy, Red y Libertad y promovió la campaña Internet NO será otra TV. Muchos más Internautas expusieron en diversos medios, en sus blogs y podcasts sus puntos de vista al respecto.

La actuación de los diversos partidos políticos durante los meses siguientes puede considerarse tibia: si bien mostraron en general cierto rechazo y empatía con los internautas una vez se conoció el texto definitivo de la LES muchos matizaron su actitud. El PP originalmente afirmó que pediría la retirada de la "disposición Sinde" de la LES, o bien su modificación, e incluso que presentaría un recurso de anticonstitucionalidad si fuera necesario. Pequeñas modificaciones en el texto presentado en enero –las relativas a las garantías judiciales del proceso– les hicieron cambiar de actitud sobre ella y al final la consideraron aceptable.

Respecto a los órganos oficiales consultados respecto a la redacción de la LES, el Consejo Fiscal consideró "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "debiera ponerse a la misma altura que la del resto de los bienes jurídicos protegidos". El Consejo General del Poder Judicial consideró que el procedimiento supondría una "sobrecarga de trabajo extra" para la Administración, y el Consejo Económico y Social optaba por aconsejar "una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual" más que acciones como las propuesta en la LES.

Finalmente, y aprovechando el inicio de un puente festivo que amortiguaría el previsible revuelo mediático, el Gobierno aprobó la propuesta de Ley en el Consejo de Ministros sin apenas cambios, a finales de marzo. En su versión definitiva tan solo hay pequeños matices como los que hacen que los proveedores sólo tengan que entregar los datos necesarios para identificar a los supuestos infractores y se elimina el extraño concepto de pretender causar daño patrimonial como posible infracción. También matiza que la Audiencia Nacional únicamente podrá autorizar o denegar el bloqueo de las páginas (en un proceso ultra-rápido de menos de cuatro días), algo que en el texto original no se contemplaba, y que tampoco está claro si favorece o perjudica a los posibles afectados por la Ley.

En estos días, la Ley Sinde, enmarcada dentro de la Ley de Economía Sostenible, va camino del los trámites parlamentarios finales. Aunque en el Parlamento se pudieran presentar enmiendas que requirieran su modificación sería extraño que no se aprobara tal y como se está presentando. Más probable si acaso sería que algún tipo de enmienda a la totalidad tuviera éxito, no tanto por los apartados relativos a Internet sino por el resto de la Ley, que afecta a multitud de sectores de la economía del país. Las mismas incógnitas se plantean sobre un posible recurso de inconstitucionalidad –y de cómo sería contemplado por el Tribunal Constitucional– pero, al igual que se presentó otro recurso de constitucionalidad a los Presupuestos generales, parece que cualquier cosa podría pasar.