El pleno del Congreso aprobó este martes una moción presentada por elPartido Popular que insta al Gobierno a impulsar un escenario deseguridad jurídica en Internet que proteja "de un modo eficaz" losderechos de propiedad intelectual, respete los derechos fundamentalesde los ciudadanos y que garantice que sólo un juez tendrá la autoridadde cerrar una página web.
Para Simona Levi, miembro de EXGAE ydel colectivo Red SOStenible, la propuesta es un paso en la buenadirección pero resulta insuficiente porque sigue prevaleciendo laPropiedad Intelectual sobre los derechos fundamentales de losciudadanos: "Derechos de ciudadanos y derechos de autorse puedenigualar, pero no la Propiedad Intelectual porque no es un derechofundamental. Ya en esto juegan sobre una ambigüedad".
Enconcreto, el texto presentado por el grupo popular, apoyado por PSOE,PNV, CIU y BNG, pide garantías para la existencia de un equilibrioentre las distintas partes y reclama el respeto de derechosfundamentales como el secreto de las comunicaciones, la protección delos datos personales o la libertad de expresión.
Una moción populista
El asunto quemás preocupa a esta plataforma, que agrupa a asociaciones deinternautas, colectivos de ciudadanos, empresarios y juristas, es larelativa a la actuación judicial. La moción indica que "sólo laautoridad judical podrá adoptar medidas que supongan la interrupción orestricción del servicio o la retirada de contenidos".
"Lapostura es muy parecida a la redactada por el PSOE. Es una mociónpopulista que intenta apropiarse de la opinión pública diciendo que'estamos de acuerdo en que haya un juez'. Pero no recoge la voluntad dela sociedad civil", señala Levi, que ha participado en la Subcomisión parlamentaria de Propiedad Intelectual.
Levi advierte de que si elGobierno tiene tanta urgencia en aprobar la Ley de Economía Sosteniblelo haga con una pequeña modificación y sin atropellar derechos fundamentales, ypide a los grupos parlamentarios que sean "consecuentes" con loaprobado este martes en el Congreso y retiren, "porque no tiene razónde ser", la disposición final primera del Anteproyecto de Ley deEconomía Sostenible.
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