Los Gobiernos celebran y promueven el Día de Internet al tiempo que la acosan como nunca antes

Aunque su primera edición tuvo lugar el 25 de octubre de 2005, a partir de una propuesta de la Asociación de Usuarios de Internet a la que se sumaron diferentes organizaciones, en la II Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en noviembre de ese mismo año, se decidió proponer a las Naciones Unidas designar el 17 de mayo como Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Desde entonces se ha venido celebrando en esa fecha el Día de Internet, que este año cuenta con 428 eventos en 23 países, aunque la inmensa mayoría de ellos a celebrar en España, organizados por 718 promotores.

Lo curioso del caso es que muchos de estos actos son patrocinados por las mismas grandes empresas que hablan de cobrar a los buscadores por usar las redes de telecomunicaciones o por los gobiernos que proponen leyes que ponen en serio peligro las libertades en Internet.

En concreto en España Telefónica es una de las empresas que patrocinan estos actos, y no hay que olvidar que hace apenas unos meses su presidente, César Alierta, realizaba unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que los buscadores de Internet deberían pagar por usar las redes de Telefónica.

También en España está en trámite parlamentario desde hace unos días la Ley de Economía Sostenible, que en su Disposición Final Segunda, más conocida como «Ley Sinde», incluye una serie de medidas destinadas teóricamente a luchar contra las descargas ilegales a través de Internet pero que en la práctica podrían ser utilizadas para conseguir la retirada de contenidos o el cierre de algunos servicios sin tutela judicial efectiva.

Y esto a pesar de que una y otra vez los jueces han dictaminado que compartir enlaces a archivos P2P no es ilegal, como por ejemplo en el caso de las recientes sentencias sobre El Rincón de Jesús y sobre Índice Web.

En ellas los jueces mencionan específicamente que los enlaces son la base de funcionamiento de Internet y que compartirlos no es delito, y que es fundamental disponer de sitios que organicen estos como hace Índice web o Google

Con estos antecedentes, y de ser aprobada la Ley Sinde, lo más probable es que esta acabe en el el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, igual que ha ocurrido con el canon digital, cuya aprobación dio lugar en su momento a numerosas protestas y a un recurso de Padawan S.L., mas conocida por su tienda en Internet Traxtore, empresa a la que la SGAE le reclama el pago de 16.759,53 euros por canon de varios dispositivos de copia y almacenamiento.

En este caso el Abogado General de la Unión Europea ha emitido hace apenas unos días su opinión en la que dice literalmente que «el canon por copia privada sólo puede gravar los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas» y que «no puede aplicarse indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada».

La sentencia definitiva se espera para el día 20 de mayo, y aunque el informe del Abogado General no es vinculante por lo general esta suele ir en el mismo sentido.

En lo que se refiere a la Ley Sinde, y otras similares ya aprobadas en Francia y en Inglaterra, la aprobación a su vez del Paquete Telecom por parte del Parlamento Europeo, que en su momento fue origen de numerosas protestas, podría servir sin embargo para luchar contra ella, pues exige una tutela judicial efectiva durante cualquier tipo de proceso que pueda terminar con el corte del acceso a Internet de ningún usuario.

Más allá de España el Día de Internet goza de una cierta popularidad en otros países sudamericanos, y llama la atención ver cómo por ejemplo en la lista de países participantes aparece Cuba, donde no es precisamente fácil ni barato acceder a Internet ni a los equipos necesarios para ello, aunque afortunadamente aún estamos a años luz de una situación en la que se ejerza un control tan férreo como en China.

De todos modos, llama también la atención que algunos políticos de un país democrático como Australia estén planteándose hacer obligatorio el filtrado de ciertos contenidos en Internet basándose en una lista secreta, algo que para muchos australianos es obviamente una forma inaceptable de censura.

Y a nivel global no hay que perder de vista las negociaciones del tratado ACTA, que aunque en teoría tiene como objetivo luchar contra las falsificaciones de todo tipo también incluye un capítulo dedicado a Internet, aunque tras muchas filtraciones una vez que se ha publicado de forma oficial el texto sobre el que se está trabajando no parece tan malo como nos temíamos.

En definitiva, aunque promocionar el uso de Internet es sin duda un empeño encomiable, y es que no en vano estamos ante la más increíble herramienta de comunicación de la historia de la humanidad, conviene no olvidar que precisamente el que sea un espacio de libertades difícilmente controlable la convierte también en un objetivo claro de los más preocupados por el control de lo que se dice en ella.