Lunes, 19.11.2018 - 04:59 h
Estas son las puertas giratorias más peligrosas

Cómo frenar la corrupción: independizar al funcionario (y elegirlo sin oposiciones)

El profesor Víctor Lapuente tiene claro que la reforma de la administración del Estado es la gran asignatura pendiente de España

Víctor Lapuente, tras la entrevista. / M. A.
Víctor Lapuente, tras la entrevista. / M. A.

Estamos tan acostumbrados a los casos de corrupción que empezamos a dar por hecho que es una característica inherente a nuestra clase política y, peor aún, al carácter español. Pero, por suerte, no somos una ciudadanía más inmoral que la de nuestros vecinos del norte: sencillamente, tenemos unas instituciones que no están diseñadas correctamente para combatir la corrupción.

En Organizando el Leviatán (Deusto), los profesores de la Universidad de Gotemburgo Carl Dahlström y Víctor Lapuente se preguntan por qué algunos países son menos corruptos y están mejor gobernados que otros. Y su conclusión, ampliamente respaldada por los estudios realizados al respecto, es clara: la organización de la burocracia del Estado es un factor crítico para garantizar una gobernanza digna de tal nombre.

En un país como el nuestro en el que para llegar a los puestos más altos de la administración hay que defender una u otra afiliación política se crea una dependencia de los funcionarios respecto a los políticos que no solo facilita la corrupción, sino que hace al Estado menos eficiente y más injusto.

Charlamos con Lapuente en un céntrico hotel de Madrid, sobre por qué la reforma de la administración del Estado es la gran asignatura pendiente de España.

Se ha hablado mucho en España de las puertas giratorias entre la política y la empresa, pero no tanto entre la política y la administración, que es uno de los temas fundamentales del libro. ¿Qué porcentajes de políticos en España son funcionarios?

En Hay Derecho hicieron ese cálculo y alrededor del 60 % de ministros son altos funcionarios. Es un porcentaje altísimo. El problema son las puertas giratorias, pero entre las tres cosas: empresa privada, administración y política. Hay un trabajo de Ángel Sanz de Esade en el que calcula el porcentaje de funcionarios en los Consejos de Administración de las grandes empresas del IBEX en España y el equivalente en Alemania. Eran un 5% en Alemania y un 30% en España. Tenemos una élite político-funcionarial que no beneficia ni a los propios políticos ni a los propios funcionarios, que saben que, cuando empieza su carrera en la administración, les queda una o dos promociones limpias, neutras políticamente, y si quieren ascender más en la pirámide van a tener que mostrar alguna lealtad con los políticos. Y ese es nuestro problema.

¿Es posible escalar en un partido sin poder pedir una excedencia como funcionario o sin ser rico?

Efectivamente, el problema que tenemos en España es una creciente desigualdad en el acceso a la política. Por una parte los trabajadores del sector privado, mucha gente con mucho talento tiene dudas de dar el salto a la política porque creen que van a perder comba, van a perder opciones en su profesión, y sin embargo los funcionarios tienen una serie de facilidades para dar el salto a la política, y eso realmente aumenta la desigualdad entre unos españoles que trabajan en el sector privado, pagan unos impuestos altos, etc, y ven que tienen pocas opciones en la política, y muchos trabajadores del sector público que tienen esas facilidades. Pero es un arma de doble filo. Yo creo que los funcionarios son las principales víctimas de este sistema. Son los primeros que reclaman que les liberen de esas cadenas de la politización, porque cuando llega un Gobierno cambia el CIS, RTVE, los ministerios... Y eso a nivel central, a nivel autonómico y local, es brutal. Aquí tenemos los focos, no hay tantos medios de comunicación investigando las corruptelas, los nepotismos y la colonización de la política del mundo local, pero es tremendo. Ahí no existen los controles que hay en la administración general del Estado, por lo cual el problema es aún mayor.

Supongo que esto está directamente relacionado con la mayor tasa de corrupción que hay en el ámbito local y autonómico con respecto al estatal.

Sí, sí, está claramente correlacionado. La mayor parte de la corrupción en España es a nivel local y es porque a nivel local fallan los pesos y contrapesos. Los funcionarios que hay, habilitados nacionales, están solos ante el peligro. Desembarcan dependiendo de Madrid, en teoría, pero en la práctica para tener un despacho o complementos salariales acaban dependiendo del alcalde y acaban muchos no sé si haciendo la vista gorda, pero al menos sometidos a mucha presión para firmar, dar informes favorables, a decisiones de los alcaldes que no tienen ni pies ni cabeza.

En el libro habla de que si el alto funcionariado no tiene independencia tampoco puede denunciar a los políticos que se están saltando las normas. Hace unos años charlaba con un alto funcionario del estado, ingeniero, que aseguraba que había hecho decenas de informes técnicos explicando que era mucho más importante construir el corredor mediterráneo que el ave a Galicia, pero estos habían sido sistemáticamente ignorados, porque lo primero no daba votos al partido del Gobierno, y lo segundo sí. Parece que damos por asumido este tipo de corrupción.

Sí, y creo que esa es la clave. Si miramos los periódicos lo que llama la atención es lo que dicen los políticos, las declaraciones que hacen en Twitter, etc. Y también lo que hacen los políticos, que si han plagiado la tesis, el máster... Y nos olvidamos realmente de las decisiones importantes, las decisiones en políticas públicas que son las que afectan a los ciudadanos, por ejemplo las decisiones en infraestructuras. Es una vergüenza como se han tomado estas decisiones, siguiendo criterios puramente políticos y no teniendo en cuenta realmente la eficiencia de muchas decisiones. Si eso lo comparamos con otros países, esas decisiones de infraestructuras se toman conjuntamente por técnicos, funcionarios, y por políticos. No quedan monopolizadas ni por unos ni por otros. No estaría bien tampoco que fueran decisiones puramente técnicas, porque el político tiene que decidir si realmente funciona mejor el corredor o al ave a Galicia, pero teniendo toda la información técnica, que además debe conocer el electorado, porque tampoco lo conocemos.

Lapuente está convencido de que es posible reformar la administración española. / M. A.
Lapuente está convencido de que es posible reformar la administración española. / M. A.

En el libro hablas de una cosa importantísima y es que, aunque se suele pensar que en otros países hay menos corrupción porque hay una mayor educación, no es la educación por sí misma la que erradica esta.

Evidentemente hay una cuestión de educación, de cultura, de valores... Pero todo eso tarda muchos años en cambiar y no podemos actuar sobre ello directamente. La cultura depende de las instituciones. Lo hemos visto en España con el carné por puntos. Todo el mundo pensaba que en España se conducía fatal con respecto al norte de Europa. Llega el carné por puntos, hay un incentivo, y la gente responde. Hay bastante margen de maniobra. También tenemos casos exitosos dentro de España. No hace falta mirar a los países mejor gobernados del mundo, tenemos comunidades como Navarra o País Vasco donde se ha experimentado con nuevos mecanismos para seleccionar a los altos funcionarios, a los altos directivos, que no están tan basados en el dedo. Podemos aprender de estas experiencias.

Citas al País Vasco, que es una comunidad que no ha tenido grandes casos de corrupción pese haber sido gobernada durante la mayor parte del tiempo por un mismo partido. ¿Tiene que ver con esto que dices?

En las comunidades forales hay una cuestión de financiación, el concierto económico, pero no solo el concierto económico puede explicar que el País Vasco y Navarra en las comparativas internacionales puntúen entre las regiones muy por encima de la media europea, mientras el resto de comunidades españolas están muy por debajo, incluyendo comunidades ricas como Madrid o Cataluña. No solo es una cuestión de dinero, porque cuando teníamos más dinero los ayuntamientos con más dinero, los de la costa, fueron los más corruptos. De hecho, el dinero a veces sirve para fomentar la corrupción. Hay una cuestión de independencia económica, obviamente, pero creo que además en el País Vasco y Navarra se ha tenido más en cuenta la reforma a largo plazo de las instituciones, las conexiones con el sector privado, que todavía se ven con suspicacias en el resto de España, quitando la excepción del ayuntamiento de Barcelona en la época de Maragall. Creo que deberíamos avanzar hacia ese modelo, porque tenemos una administración del siglo XIX en muchos sentidos, por ejemplo con las oposiciones.

Para muchísima gente su vida durante años gira en torno a que salga un examen que puede aprobar o no, solo porque es un trabajo de por vida. Así que la gente que haya aprobado en cuanto oye hablar de flexibilizar el empleo público se echa a temblar. ¿Cómo meter mano a esto?

Evidentemente vivimos en un estado de Derecho, hay seguridad jurídica y si alguien ha ganado una plaza no se le puede quitar, eso sin duda. Pero para las nuevas generaciones, para el futuro de la administración pública, hay que empezar a pensar una sustitución no radical, pero si paulatina, de la oposición como mecanismo de selección. Pensemos si queremos que a los jóvenes productivos, talentosos, los encerremos en sus casas de los 22 a los 28 años hasta que se sacan una oposición. Estamos dilapidando recursos, capital humano. No es el mecanismo más adecuado, además, para elegir a la gente que debe capitanear un estado del bienestar sofisticado del siglo XXI. Además, también es regresivo ¿qué familias en España pueden mantener a un joven en casa? De esto se habla poco, pero también es una cuestión social.

El libro no solo critica el estado actual de las cosas, propone un sistema concreto para reformar la administración pública ¿en qué consiste?

Normalmente la solución a la politización de la administración, a la colonización o nombramientos a dedo, es crear unos cuerpos de funcionarios completamente aislados, que se autorregulen, opacos, donde tengas trabajo de por vida. Y lo que demostramos en el libro es que ni un modelo ni otro son los más óptimos. Obviamente, es mejor tener funcionarios reclutados meritocráticamente a través de oposiciones que tener nombramientos a dedo, pero existe una administración mejor, la administración gerencial, que es la que vemos tanto en Nueva Zelanda como en Dinamarca, países que están en las antípodas. Es una administración por una parte meritocrática, porque no cuentan las conexiones personales ni políticas, si no los méritos, para conseguir el cargo, pero al mismo tiempo flexible: se recluta y promociona a la gente como en el sector privado, enviando un currículum con mecanismos de concurrencia pública.

Los funcionarios serían los primeros dispuestos a abrazar las reformas. / M. A.
Los funcionarios serían los primeros dispuestos a abrazar las reformas. / M. A.

¿Se pueden aplicar los fundamentos de la gestión empresarial, del management, con éxito a lo público, sin que se ponga en entredicho la propia esencia pública?

Completamente. El problema es de entrada rechazar lo privado por cuestiones ideológicas, que es lo que se ha hecho en España y se está volviendo a hacer. De hecho, durante los 80 y 90 gobiernos de izquierda, y vuelvo al ejemplo de Maragall, pero también en la administración del Estado, proponían un acercamiento a los modelos gerenciales del sector privado, porque eran gente bastante instruida y viajada y sabían que de Nueva Zelanda a Suecia los gobiernos laboristas y de izquierdas estaban diciendo "hombre, si queremos mantener el estado de Bienestar, hay que flexibilizar".

¿Y eso no implica renunciar en cierta forma a lo público?

Por supuesto que no. El fin público es la igualdad de una prestación de calidad. Todo lo contrario, ¿cómo vas a convencer a la gente para que pague impuestos elevados si no les das unos servicios públicos de calidad? Y para tener unos servicios públicos de calidad tienes que tener un personal moderno, acorde al siglo XXI, y no seleccionados con criterios inamovibles propios del siglo XIX. Las izquierdas deberían ser las primeras en poner esto sobre la mesa, y han sido los primeros en olvidarse de este tema, todo lo contrario, olvidarlo, encerrarse en una visión ideológica cerril y oponerse a esto, incluso tratando de eliminar conciertos y acuerdos con el sector privado donde los resultados son positivos. Hay fallos ¿claro? ¿Corruptelas? Cuando contratas con el sector privado puede haber excesos. Corrijámoslo, pero la solución automática no tiene por qué ser una renacionalización. Hay que meter competitividad dentro del sector público, puede ser entre los propios hospitales públicos, entre privado y público, o entre el sector privado, pero haciendo que, por ejemplo, los directores de instituto compitan por los mejores profesores y los vayan fichando unos a otros, como si fueran equipos de fútbol. Esto es imposible en la actual estructura absolutamente rígida y decimonónica de nuestra administración.

Si se liberaliza de alguna forma la carrera funcionarial también podríamos tener el peligro de que en las propias entrevistas de trabajo se escogiera a dedo a la gente, que es precisamente la razón por la que se creó un sistema funcionarial independiente e intocable.

Tienes toda la razón. El sistema funcionarial se puso en un principio por esto y, de hecho, los datos que citamos en este libro muestran que funcionarizar al personal tiene mucho sentido en aquellos países donde existe mucha corrupción para pasar de muchísima corrupción a muy poca. Pero cuando estamos en un contexto de democracias ricas, en el contexto de la OCDE, la relación es la contraria, la tendencia es a desfuncionarizar parte del sector público, no todo. No tiene sentido que el personal sanitario o el educativo tenga un estatus funcionarial. En los países mejor gobernados del mundo este tipo de trabajo son laborales, y se mueven entre el sector público y el privado. Lo que tú comentas, ¿cómo evitar el nepotismo cuando liberalizas? Pues con mucha transparencia. En Suecia, donde estoy yo, me contratan a mí para una plaza en la universidad, en lugar de hacer unas oposiciones, pero hay una transparencia, hay unos informes por escrito con los criterios por los cuales me han seleccionado a mí y no a otro. Esto se puede hacer en España, tenemos todos los medios técnicos, y la sociedad civil lo suficientemente madura como para decir que no a los excesos de nepotismo. Pero en España la administración es poco transparente, y si queremos hacer reformas en los recursos humanos hay que hacer reformas en este sentido.

Y habría que estar dispuesto a pagar más, porque si no hay seguridad en el trabajo nadie escogería la función pública, donde se paga menos.

Es cierto, pero lo que tenemos es una descompensación. Los trabajadores digamos de niveles medios y superiores cobran menos que el equivalente en el sector privado, pero en los otros niveles ocurre al revés, en el sector público se cobra más. Yo creo que se ajustaría. Lo que es malo es que en una sociedad nos dividamos entre gente que trabaja en el sector público y gente que trabaja en el privado, con unas condiciones y unos horarios distintos. Creo que debemos tender a evitar esa fractura social.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios