Fomento busca un ajuste fino en la estiba para garantizar el empleo sin subrogarlo

Encajar en el Real Decreto la subrogación de los contratos de los 6.150 estibadores, "sin que se note", y con una fórmula, que quizás no pueda estar garantizada por Ley, pero que tenga el mismo efecto. Es lo que está dilatando los tiempos para que el Ministerio de Fomento finalice la redacción del decreto que liberalice la estiba. Una norma que, en principio, será aprobada por el Consejo de Ministros de este viernes 28 de abril.

Una fórmula, en fin, en la que no aparezca la palabra de marras, pero que garantice los contratos del 100% de la actual plantilla de estibadores (excepto aquellos que se prejubilen), y que pueda ser aceptada por Bruselas y, al mismo tiempo, por la patronal Anesco y por los trabajadores. En ello se afanan desde hace días los técnicos y los servicios jurídicos de Fomento, según han confirmado a www.lainformacion.com fuentes del sector, empresariales, sindicales y políticas, conocedoras del estado de las cosas.

La manida subrogación de los contratos de los estibadores (la garantía de los contratos de trabajo de los empleados de la estiba una vez que se liberalice la misma y entren nuevas empresas en el sector) se ha convertido en el 'caballo de batalla' de la negociación.

La negociación de un conflicto que comenzó cuando el Gobierno se decidió a dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de diciembre de 2014, contra la obligación que actualmente tienen las empresas de participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (SAGEP) y contratar a los trabajadores inscritos en dicha sociedad.

Sin embargo, los trabajadores portuarios consideraron que los postulados de la ley que preparó el ejecutivo iba más allá de esos requerimientos del tribunal luxemburgués, con el fin de "liberalizar totalmente el sector y precarizar a los estibadores, poniendo en riesgo la estabilidad de más de 6.000 empleos".

Volviendo a la subrogación, Fomento dice que la Unión Europea no la permite, mientras que los trabajadores afirman que eso no es así y que la Comisión Europea no se ha manifestado aún al respecto. Lo cierto es que el Gobierno busca una fórmula intermedia, que garantice el 100% del empleo, que es el objetivo, pero que se adecue a las normas comunitarias y sea aceptaba por Anesco y los trabajadores agrupados en torno a Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, CCOO, UGT, CGT y CIG.El 'revolcón' del Gobierno en el Congreso

De cualquier forma, después de que el conflicto haya hecho correr ríos de tinta desde mediados de febrero y supusiera un auténtico 'revolcón' para el Gobierno en el Congreso, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, espera resolver con "urgencia" la liberalización de la estiba. Lo lleva anunciando desde que este pasado lunes 17 de abril asegurara en un desayuno informativo que la aprobación del decreto era "inmediata". Y es que el expediente que puede motivar una segunda sentencia contra España está ya en manos de los tres jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que elevaría la multa diaria a España de 27.000 a 130.000 euros diarios.

Es más, hace unos días el Gobierno anunció haber recibido una comunicación de Bruselas en la que se advertía que esta segunda sentencia, por incumplimiento de la emitida por el TJUE en diciembre de 2014, sería "inminente". España acumula ya una multa, por este motivo, de 22 millones de euros.

La fórmula que prepara el ministro De la Serna, pasa pues por aprobar un decreto sin rango de ley en el que se recojan los aspectos pactados con el mediador, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), en el que se garantice la subrogación del empleo, sin mencionar dicha palabra; medidas para mejorar la productividad de los puertos y ayudas al sector por valor de 120 millones de euros, destinadas a la prejubilación de los trabajadores que superen los 50 años. 

Este decreto sin rango de Ley será remitido a patronal y sindicatos, explica el Ministro, "en cuanto finalice la redacción del mismo" y quedará, a su vez, colgado de un Real Decreto Ley, que básicamente recogerá términos muy similares, será prácticamente le mismo, al que fue rechazado en el Congreso el pasado 16 de marzo.

En aquella fecha la ley de liberalización de la estiba sólo recibió el visto bueno del PP y del PNV y fue rechazada por toda la oposición en bloque y por Ciudadanos, con  lo que no fue convalidada. Ahora, los grupos esperan la nueva norma y, en principio, el partido dirigido por Albert Rivera y, probablemente el PSOE, podrían dar vía libre al Real Decreto en el Congreso si llega al palacio de la Carrera de San Jerónimo aceptado por empresarios y trabajadores.Así, este Real Decreto que prepara el Gobierno recogerá la propuesta de mediación, con un recorte de sueldos ofrecido por los sindicatos del 10% para los estibadores que ganen más de 30.000 euros al año. Y garantizará el empleo de los estibadores no prejubilables. 120 millones del erario público para las prejubilacionesHabrá que ver con qué fórmula y si los sindicatos no ven en la misma lagunas que amarren al 100% los contratos. Mientras, la patronal pide al gobierno que concrete los excedentes laborales, las ayudas públicas para su salida -120 millones ha puesto sobre la mesa el ejecutivo para financiar las prejubilaciones-, y Anesco solicita igualmente ayudas para pagar a los estibadores que mantengan su empleo como compensación por el mayor coste que les atribuyen frente a las nuevas contrataciones. Algo que, ya se puede adelantar, no aceptará el ejecutivo.Con este orden de las cosas, los trabajadores exigen a Fomento, lo hicieron en una nota pública el pasado 17 de abril, que les envíe "urgentemente" el borrador de Real Decreto para poder presentar sus alegaciones al mismo y consideran "inaudito" que no haya sido elaborado ya. Es más, en algunos sectores de trabajadores se teme que se les envíe la propuesta "el día antes de ser aprobada por el Consejo de ministros", sin tiempo para estudiarla y presentar, si es el caso, las alegaciones al mismo.Pero si el calendario previsto se cumple, a mediados de esta semana el Gobierno trasladará el borrador a patronal y trabajadores para que presenten sus consideraciones, el viernes 28 será aprobado por el Consejo de Ministros y, probablemente, el 9 o 10 de mayo sería debatido en el Pleno del Congreso.