Economía estima que la ley de unidad de mercado reducirá un 2% el trabajo administrativo en las empresas

La nueva Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que el Consejo de Ministros abordó este viernes, permitirá una reducción del 2,07% del trabajo administrativo de las empresas, una tarea que resulta “improductiva”.
Como consecuencia, fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad, destacaron que las empresas podrán destinar a los empleados dedicados a estos trabajos a otras tareas más productivas, lo que supondrá un incremento de la productividad española del 1,23%.
El Gobierno denuncia que las empresas dedican un conjunto de empleados, este 2,07%, que sólo tienen la misión de analizar los requisitos técnicos que plantea cada autonomía para poder elaborar productos que puedan ser comercializados en todas ellas.
Así mismo, en Economía calculan que con esta nueva normativa se eliminarán el 35% de las trabas administrativas que actualmente existen en España.
Ésta es la base con la que el Ejecutivo prevé que el PIB español pueda crecer hasta un 1,52% en los diez años posteriores a la entrada en vigor de la ley, a un ritmo del 0,15% anual (unos 1.500 millones por ejercicio).
Sobre si esta normativa puede tener impacto en las cuentas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, desde Economía aseguran que “no tendrá ningún efecto de merma de ingresos sobre ninguna administración pública”.
Además, defendieron que la norma se ha hecho con “absoluto respeto” a las competencias de las comunidades autónomas, y consideran que no tiene impacto en lo relativo al etiquetado en lenguas cooficiales.
Por otra parte, desde el Ministerio destacaron que con la nueva normativa no se podrán a las empresas que cuenten con una sede en una comunidad autónomas concreta para poder participar en un concurso público como sucede ahora.
La norma facilitará la armonización de la normativa de las distintas autonomías por dos vías. La primera con el Consejo de Unidad de Mercado, donde estarán todas las comunidades representadas bajo la presidencia del ministro de Hacienda.
En segundo lugar, habrá un mecanismo por el que cuando una comunidad apruebe una normativa, ésta podrá ser analizada por las restantes y presentar alegaciones.
La ley permitirá que los operadores recurran a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si actos de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado.
La Comisión deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, el organismo interpondrá recurso ante los tribunales de lo contencioso administrativo, lo que podrá significar la suspensión automática del acto recurrido. Es un sistema similar al que se utiliza cuando el Gobierno recurre una norma al Tribunal Constitucional.