(ampliación) yihadismo. El congreso de los diputados aprueba el pacto sin más apoyos que los firmantes

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la proposición de ley contra el terrorismo yihadista con los apoyos de quienes la habían firmado pero sin atraer a ninguna otra fuerza política y manteniendo las mismas críticas que en el debate de totalidad.
El texto contó con el respaldo de PP, PSOE, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. El Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural y PNV votaron en contra, como el resto del Grupo Mixto, mientras que CiU y UPyD se abstuvieron. De los miembros del Gobierno, solo el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, estaba en el momento de la votación. De todas las enmiendas presentadas, solo las conjuntas de PP, PSOE, UPN y Coalición Canaria salieron adelante, junto a una de las defendidas por CiU.
El portavoz del PP, Rafael Hernando, apeló a la historia de España marcada por el terrorismo y a los acuerdos que han sido fundamentales para derrotarlos, no con “retórica ni demagogia” sino con principios, valores y convicción, y con la ley y su actualización.
Aseguró que el texto pretende ser “más eficaces” y generar “nuevas respuestas para nuevas amenazas”, y con la reforma España demuestra que es “una de las democracias más consolidadas del mundo” y “un país serio y responsable en el que se puede confiar”.
En contra de los reproches de algunos grupos, afirmó que el PP buscó el consenso “desde el principio” y lamentó que no se sumen por motivos “oportunistas, ideológicos o de otro tipo”.
La legislación actual, les dijo, es “válida” para afrontar el terrorismo pero no “adecuada” para esas nuevas formas, y la prisión permanente revisable se reserva para los casos excepcionalmente graves “y afortunadamente infrecuentes”.
Es, aseguró, una medida “adecuada a nuestro Estado de Derecho”, y la figura de la revisión es la que garantiza la reinserción en el momento en que haya reconocimiento del mal y arrepentimiento. En democracia no vale todo para luchar contra el terrorismo, sentenció, pero “debe utilizarse todo lo que vale” en esa lucha.
CiU pidió que en el trámite en el Senado se trabaje por un consenso más amplio, y Hernando respondió con ese deseo de sumar a más fuerzas. Al PNV le reprochó “complejos”, ya que su portavoz, Emilio Olabarria, utilizó “argumentos jurídicos muy endebles para una persona de su cualficación jurídica”.
A la portavoz de UPyD, Rosa Díez, le dijo que no hay ninguna diferencia respecto de los acuerdos previos contra el terrorismo, salvo “dónde estaba usted entonces y dónde está sentada ahora”, y le aconsejó aparcar “la soberbia y la altivez” para respaldar “lo que sabe que es correcto”.
A Amaiur le respondió que, efectivamente, hay un “déficit democrático”, pero no el que sus portavoces señalan, sino que esos mismos portavoces se nieguen a condenar el terrorismo de ETA y a exigir su disolución y la entrega de las armas.
El socialista Antonio Hernando apeló también a la historia de España marcada por el terrorismo para justificar su posición. Recordó los anteriores acuerdos y los atentados del 11 de marzo de 2004 para sentenciar que en aquel momento “no teníamos el instrumento jurídico adecuado” para afrontar una amenaza como la que ha crecido en Europa y en España.
Respondió a las críticas subrayando que algunas de las pretensiones iniciales del Gobierno “han desaparecido” del texto, y que por ejemplo una protesta ciudadana como la que surgió en el barrio de Gamonal, en Burgos, no sería objeto de aplicación de esta proposición.
Hernando subrayó que las diferencias no pueden ser tan grandes como la unidad frente al terrorismo, y pidió a todos los demócratas decir simplemente “sí a la libertad, no al terrorismo”.
Jordi Jané, de CiU, recordó que su grupo siempre ha estado a favor de la unidad contra el terrorismo, desde “el rigor jurídico” y cumpliendo las normativas internacionales, y por ello juzgó “muy grave” que el texto se negociara “de espaldas” a los demás grupos parlamentarios y se haya materializado y tramitado “con prisas”.
Insistió además en que el texto contiene premisas “que nueestro grupo no puede avalar”, como es la prisión permanente revisable, que pese a no estar expresamente se desprende de la proposición, y que tiene “difícil encaje en la Constitución”.
En nombre de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela defendió las enmiendas en las que se pedía la supresión completa del texto. Subrayó su compromiso con la lucha contra el terrorismo, pero denunció que la proposición nació “con clara voluntad bipartidista”, de eludir los controles que serían exigibles en caso de ser proyecto del Gobierno, y de evitar un debate sosegado y en profundidad.
Reiteró que la lucha contra el terrorismo yihadista no pasa por una iniciativa “innecesaria” y que implica un “desmadre” del concepto de terrorismo, sino por otro tipo de medidas que no se están tomando.
"CHAPUZA"
En nombre de UPyD, Rosa Díez, denunció que lo aprobado no es un pacto de Estado, sino una reforma “puntual” y “chapucera” del Código Penal con la que los dos grandes partidos “han conseguido engañar una vez más a los ciudadanos”.
El hecho de que no conste expresamente la prisión permanente revisable, dijo, generará inseguridad jurídica y puede ser causa de inconstitucionalidad. Además, puede provocar que los terroristas ya condenados pidan revisiones de la pena y se genere “una vergüenza”.
Emilio Olabarria, del PNV, también pedía en sus enmiendas la supresión de todos los artículos de la proposición, entre otras cosas porque la redacción “criminaliza a todo el mundo” y porque en la práctica avala la prisión permanente revisable, en su opinión inconstitucional.
Percibe “razones electoralistas” en la firma del acuerdo, un intento de “afianzar liderazgos todavía no suficientemente afianzados” en el caso del PSOE, y de “encubrir deficiencias en la gestión gubernamental” por parte del Gobierno, así como “búsqueda de réditos electorales” por parte de ambos.
Ana Oramas, que defendió la posición a favor de Coalición Canaria, subrayó la enmienda aprobada para afrontar la captación de mujeres por parte de las redes terroristas, y lamentó expresamente que no estuvieran en el debate el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; y en ese momento tampoco el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que llegó después.
También el diputado de UPN Carlos Salvador defendió “la utilidad y conveniencia” de “un gran acuerdo político” ante amenazas “graves, reales, globales, persistentes en el tiempo y crecientes”. “No hacer nada o ser más tibios o decir que no les afecta o mirar para otro lado no es una solución, sino una irresponsabilidad”, dijo.
Por su parte, el diputado de Foro Asturias Enrique Álvarez Sostres defendió que el terrorismo yihadista “es un asunto de Estado” y que, durante la tramitación parlamentaria, “con algunas aportaciones se está más cerca de conseguir que los intereses particulares estén más cerca de los generales”. “Sigo considerando que estamos ante una amenaza poderosa y grave que ataca particularmente a nuestro país”, argumentó para apoyar el texto.
También dentro del Grupo Mixto, el portavoz de Amaiur Xabier Mikel Errekondo acusó a PP y PSOE de aprovechar “el estado de shock” y el miedo de los ciudadanos para “manipular” sobre las medidas que se toman. “¿Condenarían a Felipe González como responsable máximo de terrorismo de Estado como le dijo Pedro J. Ramírez?”, preguntó Errekondo para denunciar que “la cadena perpetua es pena de muerte, pero más lenta y dolorosa”, y para reivindicar que “es la hora del cambio que es ya imparable en Euskal Herria y Cataluña”.
El diputado de ERC Joan Tardá trasladó su negativa al pacto entre PP y PSOE porque, consideró, es “un monumento a la ineficacia porque no aborda los problemas de fondo”, “al cinismo” y “a la hipocresía”. Criticó, en este sentido, que Sánchez se haya puesto “esmoquin” para respaldarlo.
En nombre de GeroaBai Uxue Barkos lamentó el “mal ejemplo de parlamentarismo” que implica no haber hecho apenas modificaciones en el trámite parlamentario, mientras que Joan Baldoví, de Compromís-Equo, defendió que “las leyes inútiles debilitan a las necesarias”, entre las que situó un pacto contra la pobreza o la dación en pago. También Olaia Fernández Davila justificó también su voto negativo porque el proyecto es “innecesario” y porque la prisión permanente revisable es en la práctiac “una cadena perpetua”.