La Unión Europea mantendrá –con toda probabilidad- un año más su "posición común" hacia Cuba, el documento que condiciona desde 1996 el desarrollo de las relaciones con el régimen cubano a los progresos hacia la democracia y al respeto a los derechos humanos en la isla. Aunque los ministros de Exteriores de los 27 se reúnen el próximo lunes, entre otras cosas, para debatir si prorrogar un año más o no la posición común, la decisión ya parece estar tomada de antemano.
No existe la unanimidad necesaria en los 27 países europeos para cambiar el texto. Ni Alemania ni Francia, la República Checa o Suecia están por la labor de introducir cambios en esa política unilateral de la UE. Así lo han reconocido esta semana fuentes de la actual presidencia española de la UE.
Fuentes de la Comisión Europea han adelantado que los ministros de Exteriores aprovecharán su reunión del lunes para condenar la muerte del preso político –considerado común por el Gobierno castrista- Orlando Zapata, que ya propició el pasado marzo una condena del Parlamento Europeo que la juzgó de "cruel" y "evitable".
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se ha reunido esta semana en París con su homólogo cubano, el canciller Bruno Rodríguez en su último intento de tratar de arrancarle algún compromiso al régimen castrista para poder convencer a los 27 de abrir su política hacia Cuba.
Era uno de los objetivos casi personales que se había marcado Moratinos para la presidencia española de la Unión Europea, convencido de que es necesaria una cooperación con Cuba y la apertura del diálogo al régimen castrista, además de la disidencia. Sin embargo, el uno de julio Bélgica tomará el relevo a España en la presidencia de la Unión Europea y –de todas formas- la llamada "posición común" no se revisará hasta dentro de un año.
Un supervisor de la ONU se queda sin visita a Cuba
Moratinos no es el único que no ha podido cumplir su objetivo. El relator de la ONU contra la Tortura, Manfred Nowak –con un objetivo muy distinto- asegura que La Habana no le permitirá realizar una visita a la isla antes de dejar el cargo.
Dice que el Gobierno de Castro "no podía fijar una fecha para la misión de investigación antes del final de su mandato, el 30 de octubre de 2010'' y ha lamentado que no le haya "permitido evaluar objetivamente la situación en el país de primera mano''.
En respuesta, la misión de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ha manifestado su "sorpresa'' por la afirmación del relator, indicando que sigue en pie la invitación -hecha en febrero de 2009- y ha insistido en que en la isla no hay "un solo caso de ejecución extrajudicial o de desaparición forzada''. Al mismo tiempo la misión cubana ha aprovechado para subrayar que "no busca aval alguno" del exterior.
Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos asegura desde Cuba que el Gobierno "sabe muy bien que la situación imperante en el enorme sistema carcelario [con 200 presos políticos según los cálculos de la Comisión] no resiste ninguna forma de escrutinio internacional''.
Accesibilidad a teléfonos móviles
Disidencia y posición común aparte, el Gobierno cubano ha rebajado en un total de un 80 por ciento el coste de activación de líneas de telefonía móvil comparado con su coste en abril de 2008, cuando Cuba autorizó el uso del móvil en la isla.
Aún así, el acceso al móvil seguirá abierto a los pocos que se pueden permitir pagar unos gastos completamente desproporcionados con la economía de la isla. El servicio comenzó en 2008 con un precio de unos 120 dólares mediante la modalidad de prepago en el caso de los particulares cubanos y ha sufrido varias rebajas hasta la tarifa actual que es de unos 43 dólares.
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