El Supremo argentino insta al Gobierno a resolver la pobreza extrema de los indígenas

Buenos Aires, 25 mar (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó hoy a los gobiernos nacional y de la provincia de Chaco que alcancen un "acuerdo de desarrollo" para resolver la situación de comunidades indígenas, cuya extrema pobreza causó más de una treintena de muertes.

El máximo tribunal del país instó a la Administración nacional y a la provincial a elaborar en un plazo de 30 días un programa marco que permita proveer de alimentos y solucionar los problemas de infraestructura que afrontan los aborígenes de Chaco, informaron fuentes oficiales y judiciales.

La determinación de la Corte fue comunicada durante una audiencia que mantuvieron jueces del Supremo con funcionarios nacionales y provinciales en la sede del tribunal, en Buenos Aires.

La Corte exhortó así a las autoridades a cumplir con un fallo de septiembre de 2007 que ordenó que "de inmediato" se tomaran medidas en favor de las comunidades después de que 22 indígenas murieran en Chaco, lindante con Paraguay, como consecuencia de la desnutrición.

"Hay cifras espeluznantes, entre junio y diciembre del año pasado murieron nueve bebés por deshidratación u otras causas perfectamente evitables", sostuvo el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, al cabo de la reunión.

"Hay un programa alimentario pero la comida a veces no alcanza, beben de los charcos, hay abortos espontáneos, infectados de Chagas y todo eso ante un cuadro de desprotección porque los agentes sanitarios generalmente no pueden llegar a los lugares de mayor conflicto", añadió Mondino.

Además, la diputada de Chaco Inocencia Charole denunció la semana pasada que funcionarios de un programa gubernamental de asistencia a aborígenes abusaron sexualmente de niñas de una comunidad wichí a cambio de comida.

En el encuentro las autoridades presentaron informes sobre las acciones que realizaron para asistir a las comunidades indígenas en el marco del fallo dispuesto por la Corte, mientras los magistrados advirtieron sobre la falta de avances en torno a la situación de los pueblos originarios en la provincia, situada a unos mil kilómetros al norte de Buenos Aires.

En su fallo, la Corte Suprema había ordenado a los gobiernos nacional y de Chaco el "inmediato" suministro de agua potable, alimentos, medios de transporte y comunicación a comunidades de esa provincia, en su mayoría tobas.