Un informe acusa a China de tráfico de órganos de presos políticos ejecutados

La opacidad de China en algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos es preocupante, especialmente en lo que se refiere al trato a sus presos y las ejecuciones en las cárceles de todo el país. Aunque se desconocen datos oficiales, se estima que el año pasado al menos fueron sentenciadas a muerte más de 1.000 personas en China. Peor aún: un reciente informe elaborado por un 'tribunal' sin ánimo de lucro (llamado Tribunal de China) acusa directamente a Pekín de estar detrás del trasplante de órganos de los presos ejecutados, en particular los presos políticos.

Se trata de una práctica que solo en 2014 fue prohibida por China y que, desde entonces, ha negado categóricamente cualquier acusación de que haya extirpado los órganos de ningún preso condenado a muerte en el país. Sin embargo, el informe del 'tribunal' sin ánimo de lucro concluye que el tráfico de órganos sigue llevándose a cabo en la sombra. Y no solo con presos ejecutados, sino también con los que mueren o desaparecen en extrañas circunstancias, tal y como señala este artículo de 'The Guardian'.

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"Nuestra conclusión es que muchas personas han sufrido muertes indescriptiblemente horribles sin razón, que otros pueden sufrirlas de manera similar y que todos vivimos en un planeta donde la maldad extrema puede encontrarse en el poder de [...] una de las civilizaciones más antiguas conocidas por el hombre moderno", explica Sir Geoffrey Nice QC, presidente del Tribunal de China y quien fuera fiscal de la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

Las principales víctimas del tráfico de órganos en China, según este informe, son presos políticos, bien por su ideología, bien por su etnia. Así, uno de los objetivos más damnificados es el de los seguidores del movimiento religioso Falun Gong, muy popular durante los años 90, pero en constante persecución por parte de las autoridades de Pekín desde que en 1999 pasase a considerarlo una "práctica herética". En aquel momento se estima que había 70 millones de personas que compartían este credo, basado en la meditación y en ejercicios de filosofía moral de tradición budista.

Según el informe del Tribunal de China, se considera "seguro que Falun Gong es la fuente (probablemente la fuente directa) de los órganos para su extracción forzada". En este sentido, varias ONG ya denunciaban durante la pasada década que esta práctica era habitual con los miembros de este movimiento religioso, mientras que el último informe apunta que "no hay evidencia de que la práctica haya sido detenida y el tribunal está convencido de que continúa".

Para elaborar el informe, el tribunal ha estado recopilando evidencias de expertos médicos o investigadores de derechos humanos, quienes apuntan que no solo los seguidores del movimiento Falun Gong ejecutados son las principales víctimas del tráfico de órganos; disidentes tibetanos, musulmanes uigures o miembros de ciertas sectas cristianas también son objetivos por parte de parte de las autoridades de Pekín. 

Una de las principales evidencias citadas en el informe es que los tiempos de espera para los trasplantes ofrecidos por los hospitales en China fueron extraordinariamente bajos, a menudo de solo un par de semanas. De esos datos de los hospitales, los investigadores concluyen que anualmente se producen en torno a 60.000 y 100.000 trasplantes de órganos en el país, aunque las autoridades de Pekín solo reconocen oficialmente 10.000 trasplantes en el último año.