El Ministerio del Interior ha abierto una investigación interna con el fin de esclarecer todo lo ocurrido en torno a los incidentes del pasado 22 de marzo, que provocaron lesiones a cerca de un centenar de agentes tanto del Cuerpo Nacional de la Policía como de la Policía Municipal y que derivaron en la detención de 21 personas.
Así se lo ha comunicado, de hecho, el director adjunto operativo de la corporación, Eugenio Pino, a los portavoces de los sindicatos, con quienes se ha reunido este mediodía. La información reservada, que es como se denomina técnicamente la investigación interna, tratará de definir los posibles errores que se habrían cometido en el despliegue del operativo con motivo de las marchas por la dignidad y, sobre todo, las decisiones que se tomaron al terminar la manifestación, que fue cuando comenzaron los enfrentamientos entre la Policía y varios grupos radicales.
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La investigación tratará de identificar también quién o quiénes fueron los responsables de esos presuntos errores de organización de los dispositivos y podría concluir en el cese de algunos mandos policiales. Todos los sindicatos señalan en concreto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, y al jefe de las Unidades de Intervención Policial, José Miguel Ruiz Iguzquiza.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Miguel Ángel Fernández, acusa al primero de no estar en su sitio durante la manifestación, en referencia al gabinete de coordinación que aglutinaba a los mandos de todos los cuerpos policiales y de emergencias que deben velar por la planificación de la seguridad en torno a una concentración. Villabona, explica Fernández, estuvo en la calle y, por lo tanto, no tenía acceso a parte de la información que se trataba en esa sala de coordinación y con la que había que tomar las decisiones.
En concreto, Fernández se refiere a la determinación de permitir la entrada de un dispositivo de la Policía Municipal en el área conflictiva. Esto provocó que un grupo de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía tuviera que ser trasladado a la zona para apoyar a estos agentes locales y no pudiera estar en otros lugares.
Asimismo, continúa el portavoz del SUP, Villabona permitió la entrada de un camión de Bomberos para apagar el fuego ocasionado en un contenedor. "Ese camión nunca debería haber entrado", asegura Fernández, quien explica que no hacía falta, que el contenedor podía haber seguido ardiendo sin peligro, porque detrás de los Bomberos se escondió un grupo de encapuchados violentos que luego atacó a los agentes.
Los portavoces de la Unión Federal de Policía (UFP), Víctor Duque, y del Sindicato Independiente de Policía (SIPE), Alfredo Perdiguero, también señalan al comisario general de Seguridad Ciudadana como máximo responsable de la descoordinación que dio lugar al casi medio centenar de heridos, 87 de ellos policías (67 del Cuerpo Nacional de Policía y 20 de la Policía Municipal).
Fernández, del SUP, también culpa a Iguzquiza como máximo responsable de las Unidades de Intervención Policial, sobre todo, por dudar durante varios segundos si enviar o no refuerzos a varios policías que estaban siendo atacados por un número muy superior de radicales. "Había 15 policías arrinconados y él no dio la orden de ayudar a esos compañeros", asegura el portavoz del SUP, quien afirma que Iguzquiza estuvo "varios segundos sin hablar". "En esas situaciones, un segundo es una vida", subraya Fernández.
El malestar en la plantilla de los antidisturbios es palpable. Ayer se concentraron en las puertas de la sede de Moratalaz, el cuartel general de estas unidades, para protestar contra los dos altos mandos señalados. Según Fernández, las instrucciones dadas por los jefes de la corporación antes de la manifestación fueron las de "aguantar", lo que se traduce en "no utilizar pelotas de goma ni cargar". "Y los policías aguantaron, ya que apenas cargaron al final de la marcha", recuerda el representante sindical.
Esta tarde, SUP, UFP y Confederación Española de Policía (CEP), los tres sindicatos mayoritarios, se reunen para valorar la decisión de la Dirección Adjunta Operativa del cuerpo de abrir una información reservada. El próximo miércoles, volverán a repetir la concentración en Moratalaz y, sin entonces no se han producido los ceses señalados, comenzarán un calendario de movilizaciones. Así lo ha explicado el portavoz del SUP, que junto a CEP, UFP y SIPE han mostrado su intención de personarse como acusación particular en los procesos que se abran contra los detenidos por atacar a los policías e incluso contra los organizadores.
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