Israel planea deportar a los niños extranjeros

(Tel Aviv, Israel). Mirando unos coloristas carteles, unos pequeños escolares canturrean "Soy un niño israelí, ¡Israel es mi tierra!". Pero aunque han nacido en Israel, hablan hebreo y tienen nombres israelíes corrientes, no son legalmente niños de este país: son los hijos e hijas de trabajadores inmigrantes filipinos, tailandeses y chinos. Con el final del curso escolar, 1.200 de estos niños serán deportados.

Como Israel carece de una política de inmigración formal para no judíos, todas las regulaciones relativas a trabajadores inmigrantes las dicta a discreción el ministro del Interior, Eli Yishai.Yishai, jefe del ultra ortodoxo Partido Shas, asegura que el control estricto de la inmigración es esencial para proteger el carácter judío del estado. Firme defensor de los planes de deportación, recientemente amenazó con renunciar a sus responsabilidades sobre inmigración si los niños eran autorizados a quedarse.

Podrían "dañar la identidad judía del Estado, constituir una amenaza demográfica e incrementar el peligro de asimilación", declaró Yishai al periódico Haaretz.

La indignación pública por la deportación de los hijos de estos trabajadores inmigrantes ha provocado un caldeado debate y profundas divisiones en el parlamento de Israel. A principios de junio, varios miles de israelíes, trabajadores inmigrantes y figuras públicas celebraron una manifestación en Tel Aviv anticipándose a las recomendaciones de un comité del Gobierno asignado para este asunto, y que serán adoptadas tras su discusión en el consejo de ministros.

Pero esa decisión no se ha producido, y ahora, llegado el final del curso escolar, las familias inmigrantes viven en la incertidumbre, preguntándose si sus hijos serán deportados y cuándo."En lugar de estar buscando campamentos de verano estos niños están buscando lugares en donde esconderse", asegura Rotem Ilan, fundadora de Israeli Children, una ONG que lidera la lucha contra la deportación de los hijos de inmigrantes asiáticos.

Algunas filtraciones de las recomendaciones del comité publicadas en la prensa indican que si el Gobierno les concede finalmente el permiso de residencia, será "una sola vez, por motivos humanitarios".Si bien Israel no es el único país en la región que no ofrece la residencia a sus trabajadores inmigrantes, su amplia población de trabajadores extranjeros y la desproporcionada cantidad de refugiados que reclaman su derecho a regresar al país hacen que sea difícil establecer una política de inmigración estable en el Estado judío.

La concesión del permiso de residencia a los niños no sería un hecho sin precedentes. Hace unos cinco años, unos 150 niños pudieron recibir el permiso por acudir a escuelas israelíes, por tener más de 10 años y hablar hebreo.

De los cerca de 300.000 trabajadores inmigrantes que viven en Israel se calcula que unos 250.000 son ilegales, según datos ministeriales. Como respuesta, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha creado una unidad especial de la policía, conocida como Oz, para perseguir y deportar a los ilegales.

Ilan asegura que las reglas que rigen las vidas diarias de estos inmigrantes, que son dictadas por el Ministerio del Interior, son tremendamente restrictivas. "Hay una norma que dice que los trabajadores inmigrantes no pueden tener relaciones", dice. "No están autorizados a tener un novio o una novia, y no pueden venir al país con sus maridos o mujeres o traer a sus hijos. Si tienen hijos, los tienen que enviar a Filipinas o llevarlos en persona y volver al trabajo al cabo de tres meses".

El razonamiento detrás de estas medidas es simple: los trabajadores extranjeros están para trabajar, no para ser distraídos por asuntos familiares.Aún así, como Israel firmó el tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Niños en 1990, los niños que viven en Israel, aunque sean ilegales, tienen derecho a acudir a la escuela.

Cerca de la estación central de autobús de Tel Aviv está el destartalado barrio de inmigrantes asiáticos de Neve Sha'anan, en donde las madres han creado una patrulla vecinal para detectar a la policía."Estoy asustada", dice Mila, una filipina madre de un niño de 8 años que está en la lista de deportación. "Corro con mi hijo, me escondo en todas partes, lloro cuando la policía de inmigración me pregunta".

Los israelíes empezaron a reclutar manos de obra extranjera durante las intifadas, hace dos décadas, cuando debido a temas de seguridad y al cierre de fronteras se hizo difícil contratar a los palestinos. Ahora, los inmigrantes tailandeses trabajan fundamentalmente en la agricultura y los filipinos suelen encargarse de atender a personas ancianas.

Empresas de trabajo privadas de Israel, a cambio de comisiones mucho más altas de lo permitido legalmente (que a menudo llegan a ser de 10.000 dólares) les reclutan en sus países de origen."Nadie controla esta industria", asegura Idit Lebovitch, coordinador en Tel Aviv de una línea telefónica de ayuda a los trabajadores. "Como la mayor parte de estas denominada agencias no son oficiales, ni siquiera se puede identificar a la persona a la que el trabajador pagó la comisión".

Los inmigrantes extranjeros trabajan por el salario mínimo, apenas suficiente para devolver la deuda en la que incurrieron para pagar la comisión.

"El tiempo máximo que nos permiten trabajar aquí [63 meses] no es realmente suficiente para que recuperemos los gastos", explica Ferdie, un cuidador de ancianos que se licenció en Ingeniería Eléctrica pero que no pudo encontrar trabajo en Filipinas.

El anciano que había contratado a Ferdie acaba de morir, y según la ley de Israel, eso equivale a ser despedido. Ahora se enfrenta a una decisión muy habitual: quedarse y trabajar ilegalmente, o volver a casa.