La Audiencia Nacional investiga a la banda terrorista ETA por genocidio y crímenes de lesa humanidad. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ordenó al Juzgado de Instrucción número 3 admitir a trámite la querella interpuesta en agosto del año pasado por una de las víctimas de los 300 asesinatos que aún quedan por resolver contra los dirigentes de la organización armada.
Después de que Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado número 3, rechazara en octubre la denuncia por entender que la Audiencia no era competente, los querellantes recurrieron ante la citada sala, presidida por la magistrada Ángela Murillo, que se reunió el pasado 29 de enero para deliberar sobre el asunto y acordó revocar el sobreseimiento.
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"El recurso de apelación interpuesto (...) ha de prosperar, pues (...) el Juzgado número 3 resulta plenamente competente para la investigación de los hechos, constitutivos de un supuesto delito de genocidio", contemplado en el artículo 607.1.1º y 4º del Código Penal, "vigente cuando comenzaron a realizarse las conductas recogidas en la querella".
La querella fue presentada por una de las víctimas con el asesoramiento del experto en derecho penal Miguel Ángel Rodríguez Arias y de la asociación Dignidad y Justicia, que prevé solicitar la personación en la causa. La denuncia cuenta con 1.200 páginas, está dirigida contra varios dirigentes de ETA y se basa, según un comunicado emitido por esta última agrupación, en la "aplicación de la doctrina de los juicios de Nuremberg contra los nazis".
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Para Dignidad y Justicia, este ha sido un modo de "salvar la prescripción de una de las más de 300 causas sin resolver". Además, continúa la asociación, "es la primera vez en la historia de España que la Audiencia Nacional se reconoce competente para investigar los actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, algo que no se llegó a conseguir siquiera en los casos de los crímenes" del franquismo.
La Audiencia Nacional toma esta decisión justo después de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) instara a la Corte Penal Internacional a iniciar una investigación de oficio también por el mismo delito de crímenes de lesa humanidad contra la banda terrorista ETA.
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