La élite política de Kenia está en el punto de mira de la Corte Penal Internacional

(Nairobi, Kenia). El fiscal argentino Luis Moreno-Ocampo estuvo la semana pasada en Nairobi, portando consigo las esperanzas de muchos ciudadanos de Kenia desesperados porque se haga justicia por las muertes de más de 1.100 personas en los actos violentos producidos tras las elecciones de 2007.El fiscal no está solo en su intento, porque la investigación y posterior procesamiento ponga fin a la impunidad que ha venido prevaleciendo en Kenia desde su independencia, hace más de un siglo.

Pero su objetivo no será una tarea fácil.“Seamos claros. La Corte Penal Internacional (CPI) se ha topado aquí en Kenia con una de las pandillas de gánsteres más seria del continente africano”, ha asegurado el ex jefe de la lucha contra la corrupción en Kenia, John Githongo.Durante los dos meses posteriores a las elecciones de 2007 el país estuvo convulsionado por la violencia y los altercados, peleas y desalojos forzosos. Las fuerzas de seguridad actuaron con relativo abandono a la hora de disparar: más de un tercio de los muertos recibieron disparos de la policía.

Nadie ha sido condenado todavía en los chirriantes y corruptibles tribunales locales: ninguna de las personas que utilizaron machetes, lanzas y fuego; ningún militar, ni ninguno de los empresarios que financiaron a las mafias, ni a los políticos que incitaron a la violencia y obtuvieron el poder gracias a ello.

Desde que se inició la política multipartidista en Kenia, las elecciones han sido étnicamente divididas y violentas. Cientos de personas murieron en 1992 y en 1997, antes de la gran explosión de 2007.“La violencia ha sido durante mucho tiempo un elemento de la vida política, pero lo que ocurrió en 2007 fue mucho más allá de lo que habíamos visto antes. Si no se hace nada podemos predecir que la próxima vez hará que 2007 parezca pecata minuta”, ha advertido Anthony Kuria, coordinador del Movimiento por la Responsabilidad Política y miembro de una comisión de investigación gubernamental creada para investigar los acontecimientos violentos.

La comisión, también conocida como la Waki Commission por el juez que la encabezó, produjo un exhaustivo informe de 556 páginas detallando lo ocurrido. También realizó una lista confidencial de supuestos culpables que finalmente fue entregada al fiscal jefe de la CPI el año pasado, después de que el Gobierno de Kenia incumpliese sus repetidas promesas de juzgarles. La lista confidencial, junto con las pruebas recopiladas por la comisión y varios grupos de derechos humanos, constituye la base de la investigación de la CPI .

“La situación ha sido extremadamente bien documentada, así que todos estamos sacando nuestras conclusiones lógicas sobre a quienes van a acusar”, asegura Muthoni Wanyeki, director ejecutivo de la independiente Comisión de los Derechos Humanos de Kenia. “La razón por la que esta investigación es importante es porque Kenia históricamente siempre ha sabido exactamente quien está implicado en qué, y porque siempre han salido librados”, afirma.

Entre los 19 políticos en una lista de 219 supuestos criminales publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (KNCHR), de financiación estatal, figuran tres ministros. Entre ellos están el ministro de Educación, William Ruto, del Movimiento Democrático Naranja (ODM por sus siglas en inglés), y el ministro de Finanzas, Uhuru Kenyatta, del Party of National Unity (PNU). Ambos están acusados de financiar y planificar actos de violencia étnica por motivos políticos.

Moreno-Ocampo ha dicho que contactará con políticos veteranos tanto del ODM como del PNU, forzados a gobernar en una coalición disfuncional por la comunidad internacional para poner fin a los disturbios post electorales.“Durante mucho tiempo hemos pensado que no les podría ocurrir nada a los máximas figuras políticas”, afirma Hassan Omar, vicepresidente de la KNCHR. “Así que decir que podemos investigar a estas personalidades políticas y que realmente podríamos verles en el estrado tiene un gran impacto psicológico para los kenianos, en términos de creencia en el funcionamiento de la justicia”.

Tanto Ruto como Kenyatta niegan firmemente las acusaciones y han adoptado acciones legales en Nairobi para que sus nombres sean eliminadas de la lista de la KNCHR de supuestos culpables.“En Kenia se considera que algunas personas que son miembros de poderosas dinastías políticas están por encima de la ley, como si ni siquiera se le pueden pedir responsabilidades”, afirma Mwalimu Mati, abogado y director del organismo de control Mars Group Kenya.

Una y otra vez los políticos han demostrado estar por encima de la ley de Kenia. Pero ahora se enfrentan a la ley internacional. A finales de marzo, jueces de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, otorgaron permiso a su fiscal jefe para comenzar su investigación.“Los jueces han decidido que habrá justicia en Kenia”, ha dicho Moreno-Ocampo. “Para contribuir a prevenir crímenes en las próximas elecciones [en 2012] debemos de actuar con rapidez. Y lo haremos”.

El fiscal espera terminar sus investigaciones en noviembre y presentar acusaciones contra unos cuatro a seis sospechosos. Pero su tarea no será fácil.“Ocampo jugará su partida en Kenia contra una clase política que ha estado atrincherada durante casi 50 años, y son unos maestros en engañar a la comunidad internacional”, afirma Githongo.Los políticos kenianos son propensos a decir una cosa y hacer lo contrario. Son, según Wanyeki, “maestros del gesto sin movimiento”.

Los políticos urbanitas, acaudalados y educados en occidente de Kenia son de una clase diferente a los matones con pistola a los que está más acostumbrado Moreno-Ocampo, como Joseph Kony, en Uganda, o Mathieu Ngudjolo y Thomas Lubanga en la República Democrática del Congo.Los diplomáticos occidentales (entusiasmados con la investigación de la CPI) se temen que el fiscal sea cordialmente recibido en público pero que entre bambalinas se enfrente, en palabras de alguno, con “toda la gama de obstrucciones, desde retrasos y manipulaciones hasta el soborno y la desaparición de testigos”.

Pero Moreno-Ocampo quizás también cuente con ayuda en sitios inesperados.Fue en día de Año Nuevo de 2008 cuando las radios locales retransmitieron la noticia de que el presidente Mwai Kibaki, de etnia kikuyu y líder del PNU, había sido declarado ganador de las reñidas elecciones. Tras oír las noticias, una muchedumbre de kalenjin armados con arcos y flechas, partidarios del ODM de Raila Odinga, rodearon una iglesia en Kiambaa cercana a la ciudad de Eldoret, en el norte del valle del Rift.Atrancaron las puertas de madera y colocaron contra las paredes y sobre el tejado colchones empapados de gasolina, a los que prendieron fuego.

Un total de 35 kikuyus murieron en el incendio, la mayoría mujeres y niños.Jackson Kibor, un kalenjin de 76 años, antiguo político y dueño de una granja cerca de Kiambaa, donde unas cruces blancas indican el lugar donde un día estuvo la iglesia, figura en la lista de los acusados del KNCHR. Anteriormente ya le habían a declarar en la comisión de investigación por los actos violentos de 1992 y 1997.

“Lo que sea, será. Así que dejemos que así sea”, asegura Kibor. “Si hay testigos que me pueden vincular directamente a cualquier acto de incitación a la violencia, estoy preparado y dispuesto a enfrentarme a La Haya”. “Escucho a la gente decir que mi nombre está en la lista. Si lo está, seré juzgado y la decisión del juez será definitiva”, afirma. “Recibiré a Ocampo en mi granja. Le diré todo lo que sé”.

La razón para esta extraña postura conciliatoria es sencilla, según Ken Wafula, director ejecutivo del Centre for Human Rights and Democracy de Eldoret. “Muchos kalenjin sienten que sus propios líderes han abusado de ellos. Los jefes creen que fueron obligados a recolectar dinero para financiar la violencia post electoral”, señala. “Sus conciencias les impiden permanecer callados. Sienten que han hecho algo mal y quieren hablar sobre ello”.