Cada vez son más voces las que reconocen que algo está fallando en la lucha contra la violencia de género. Las últimas se han escuchado este mismo lunes por la mañana. Tanto la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como los sindicatos de funcionarios y de policía alertan de graves problemas que impiden una reducción significativa de los asesinatos.
A pesar de las numerosas denuncias, condenas, llamados a la tolerancia cero y cuantiosas inversiones en la prevención y tratamiento de la violencia de género, las mujeres siguen siendo asesinadas por sus parejas o ex parejas.
A falta de un mes para terminar el año, ya se han producido dos muertas más que en 2014, víctimas de la llamada violencia machista. Es uno de los hechos que han llevado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a pedir un replanteamiento del análisis de las causas de este tipo de violencia.Unanimidad peligrosa
Según Carmena, no hay que tener miedo a ser críticos con las medidas que no funcionan, porque "la unanimidad puede resultar peligrosa", según ha declarado este lunes en la inauguración de unas jornadas tituladas 'Nuevos Retos en la lucha contra la Violencia de Género'.
Pidió volver a replantearse lo que todo el mundo, desde un primer momento, ha aceptado como incuestionable. Según la alcaldesa, hay que buscar lo que nos separa para encontrar, en esas diferencias, una nueva forma de plantearse la lucha contra la violencia de género, que resulte más eficaz.
La alcaldesa cree necesario visualizar el castigo de los agresores, y analizar de cerca las actitudes que manifiestan jóvenes y adolescentes en sus relaciones de pareja
También llamó a desterrar el uso de la violencia como un valor admisible en algunos casos: "Los conflictos nunca pueden derivarse por medios violentos. La violencia debe ser erradicada del comportamiento humano".Un pacto de Estado
Por otra parte, el sindicato de funcionarios C-SIF y la Confederación Española de Policía (CEP) han reclamado un pacto de Estado para el combate de esta lacra social, con el mismo nivel de importancia que se ha otorgado al pacto antiyihadista firmado a principios de este año. Piden que en este acuerdo se involucren no solo partidos políticos sino también organizaciones sociales como sindicatos, asociaciones civiles y medios de comunicación.
Según estos empleados públicos, las distintas administraciones estatales notan un vacío en la prevención y el seguimiento de los casos de maltrato, por lo que exigen mejorar en la coordinación de los recursos policiales. También alertan del deterioro que han sufrido ciertos programas de prevención a consecuencia de los recortes sociales habidos en los años de crisis.
En un comunicado remitido a los medios, explican del caso de mujeres que cambian del trabajo ocultando que el motivo real se debe a un caso de violencia de género, "por el miedo a ser estigmatizadas", lo que les lleva a perder ciertos beneficios salariales y laborales.
Piden que se desarrollen protocolos de movilidad para empleadas públicas víctimas de violencia machista, que garanticen tanto su seguridad como su adaptación a la vida normal. También son partidarios de reservar un 2 por ciento de las plazas de la administración para víctimas de esta violencia, de manera que se ayuda recomponer la vida profesional de una mujer truncada por culpa su maltratador.
"Existe un vacío de prevención y seguimiento de los casos", denuncia el manifiesto, que impide la evaluación de las medidas que se han llevado a cabo.
Los policías exigen que se apruebe el cuestionario de valoración de riesgo para aplicar adecuadamente distintos niveles de protección a mujeres amenazadas.
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