Las elecciones amenazan el proceso de paz en Sudán

(Juba, sur de Sudán). De pie a la sombra de un árbol solitario en un improvisado centro de inscripción de votantes (una endeble mesa de plástico y dos sillas), Margaret Simon apunta hacia el grueso hatillo de madera depositado al otro lado de la polvorienta carretera. La vida, dice, es difícil para los sudaneses del sur, especialmente para las mujeres.

Margaret y muchas otras mujeres hacen regularmente el largo y peligroso viaje desde el otro lado de la montaña a los mercados de la ciudad cargadas de leña para el fuego, ganándose así el pan para sobrevivir en una de las últimas grandes fronteras subdesarrolladas del mundo. Hoy ha hecho su caminata, con su carga y todo, para registrarse y votar dentro de unos meses. "Rezo a Dios para que los líderes vean el sufrimiento de las mujeres", dice con voz suave.

Sudán es el país más grande de África y del mundo árabe. Ocupa 2.500 kilómetros cuadrados (una cuarta parte del tamaño de EE UU) y tiene una población de unos 40 millones de habitantes.

Los verdaderos procesos electorales han sido una rara excepción en Sudán y las elecciones generales convocadas para abril son fruto de un aún más extraño paso en el escenario de constantes guerras civiles que padece el país. En 1955 estalló por primera vez la guerra entre el norte, de mayoría árabe musulmán, y el sur, de población mayoritariamente africana no musulmana. Los enfrentamientos volvieron a surgir de forma más virulenta en 1983, cuando se calcula que murieron unos 2 millones de personas, la mayoría civiles y del sur.

En 2005 se logró poner fin a la violencia con un Acuerdo General de Paz en el que se estipula un periodo de transición de seis años bajo el gobierno conjunto del Partido del Congreso Nacional (NCP por sus siglas en inglés) del presidente Omar al-Bashir y del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM).

El acuerdo concede al SPLM un gobierno semiautónomo sobre el sur durante el periodo de transición. También se estipula la celebración de dos elecciones, la primera para elegir a los representantes en los órganos de gobierno nacionales y la segunda para decidir si los habitantes del sur de Sudán quieren independizarse.

El periodo de interinidad fue diseñado (fundamentalmente por mediadores internacionales) para dar a la nación un gobierno "legítimo" que condujese a la nación hacia ese referéndum clave en el que el sur decidirá si se quiere desvincular del norte. Las elecciones generales incluidas en el acuerdo de paz tienen también como objetivo dar la oportunidad al pueblo de ver lo que puede ser un país unido y democrático antes de que el voto del sur (rico en petróleo) pueda decidir si se divide Sudán en dos.

Pese a la movilización de gente del sur como Margaret Simon para acudir a registrarse, pocos extranjeros expresan su entusiasmo ante las elecciones de abril. Muchos de ellos son conscientes de los problemas del acuerdo de paz.

El analista sudanés John Ashworth escribió en septiembre que "a posteriori fue un error celebrar elecciones en el periodo interino". Su opinión ha cambiado poco desde entonces. "Creo que las elecciones ya están desestabilizando todo el proceso en cierto modo", dice. "Están gastando tiempo y recursos cuando deberían estar preparándose para el referéndum".

No es difícil encontrar la animosidad que muchos consideran explosiva. Décadas de quejas históricas del sur hacia el norte, endurecidas por las duras tácticas de guerra utilizadas contra los civiles por los sucesivos regímenes del norte, han dejado muy pocos puentes de diálogo entre los socios que ahora comparten el poder.

Además, el gobierno de al-Bashir en Jartum ha sido acusado de cometer violencia étnica contra la gente de Darfur, en el oeste de Sudán. Los habitantes del sur de Sudán tienen muy poca confianza en la ecuanimidad del gobierno de al-Bashir. El gobierno del sur, en Juba, se encuentra más próximo físicamente a las capitales de los cinco países vecinos.

Mac Maika, miembro del Alto Comité Electoral del sur de Sudán, habla de la "hostilidad subyacente entre el norte y el sur" que entorpece las relaciones de su equipo con sus jefes basados en el norte. "Hay una forma habitual de trabajo del norte cuando trata con el sur. Te dan la responsabilidad, pero socavan tu autoridad de modo que acabas fracasando", dice, al tiempo que se queja de una profunda falta de financiación y de abandono.

La postura del sur se hizo aún más débil cuando un censo nacional "modificado" le adjudicó tan solo el 21 por ciento de los escaños en el próximo parlamento, frente al 34 por ciento otorgado durante el periodo de transición. El recuento oficial indica que en el sur viven 8 millones de personas, aunque los cálculos más aceptados cifran esa población entre 10 y 12 millones.

 "No aceptaremos ningunas elecciones basadas en los resultados del censo", ha advertido un veterano portavoz del SPLM, Anne Itto. Lo que más se teme en estos momentos es que un parlamento ampliamente dominado por el norte estará capacitado para aprobar una enmienda que pueda anular el punto del acuerdo de paz que recoge la celebración de un referéndum en el sur.

Si el sur no acepta el referéndum es muy probable que declare su independencia. La guerra, es de suponer, será lo siguiente.

Según los observadores, si hay alguna posibilidad de que el norte ceda es a través de un acuerdo posterior al referéndum en materia de energía que garantice al norte una parte de los ingresos por petróleo del sur.

"El acuerdo energético necesita ser resuelto antes de que concluya el período de paz", advierte David Gressly, oficial superior en el sur para la misión de paz de las Naciones Unidas. "El tiempo se agota".