Tanto las fuerzas del régimen de Gadafi como los combatientes revolucionarios han cometido asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ataques indiscriminados contra zonas civiles, según revela el informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre Libia previsto para salir a la luz el viernes.
Los continuos abusos que se están llevando a cabo por excombatientes rebeldes en un "clima de impunidad" son muy preocupantes, añade el informe.
"La Comisión considera que las autoridades fracasan a la hora de pedir cuentas a los thuwar (fuerzas revolucionarias) que han cometido graves violaciones, como homicidios ilegítimos y detenciones arbitrarias", revelaba una copia anticipada del informe, que será publicado oficialmente el 9 de marzo.
La comisión también señala que, según su conocimiento, no se ha llevado a cabo ninguna investigación en relación con las infracciones cometidas por el excombatiente rebelde y no se han producido detenciones por estos crímenes.
El coordinador de justicia del Consejo Nacional de Transición, Jamal Bennor dice que ahora no es el momento para llevar a juicio a los ex combatientes.
"Puede parecer que estamos haciendo caso omiso de estos crímenes, pero esto no quiere decir que hayamos dado una amnistía a los autores", declara Bennor.
Mientras que unos pocos casos contra los exrebeldes están bajo investigación, tanto en Bengasi como en Trípoli, Bennor explica que es difícil lidiar con los comités de seguridad y con los grupos rebeldes fuera de las ciudades más grandes.
Hay una simpatía del público hacia las fuerzas rebeldes, muchos de los cuales son aclamados como héroes.
Bennor considera que es crucial establecer primero una fuerza de trabajo de seguridad y activar los ministerios del Gobierno y aprobar una nueva constitución antes de que se puedan llevar a cabo detenciones.
"Después de esto, estos crímenes deben ser investigados y los responsables llevados ante los tribunales", ha declarado.
Mientras tanto, el sistema de justicia de Libia está todavía en desarrollo tras la caída del antiguo régimen. En su ausencia, mientras las violaciones quedan impunes, continúa un círculo de ataques de venganza, complicando aún más el delicado equilibrio de poder entre el nuevo Gobierno y las milicias armadas.
El informe de la ONU insta a las autoridades libias a "romper con el legado de Gadafi mediante la aplicación igualitaria de la ley, investigando todos los abusos –independientemente de su perpetrador- y asegurando que el proceso de amnistía comporta obligaciones para Libia dimanantes del derecho internacional".
Si bien estos resultados pintan un cuadro sombrío de la actual Libia, la Comisión reconoce que estas atrocidades deben verse dentro del contexto de la herencia de violencia dejada por el anterior régimen.
La nueva dirección se enfrenta ahora al reto de reconstruir un país "carente de instituciones independientes, sociedad civil, partidos políticos, y un poder judicial capaz de ofrecer justicia y reparaciones".
Mientras que continúan los abusos contra aquellos que son percibidos como partidarios de Gadafi, una diferencia significativa con respecto a los crímenes del régimen anterior es que están siendo cometidos por individuos o unidades independientes y no como parte de un "sistema de brutalidad autorizado por el Gobierno central", indica el informe.
Desde los primeros días de la revolución, las informaciones de los medios de comunicación y los combatientes rebeldes sobre el terreno han declarado que Muamar al Gadafi trajo tropas mercenarias a Libia desde los países africanos, como Chad, Sudán y Mauritania para aplastar la revolución.
Esta acusación, junto con los informes no confirmados de violaciones llevadas a cabo principalmente por combatientes voluntarios de la ciudad de Tawergha, han alimentado el odio y provocado asesinatos por venganza y represalias contra la comunidad negra de Libia.
El informe señala que la matanza sistemática y generalizada, detención y tortura de Tawerghans por las milicias de Misrata y la destrucción sin sentido de su ciudad pueden constituir un crimen contra la humanidad.
El rebelde combate Alfituri Majid, un defensor en contra de la matanza de prisioneros desde los primeros días del conflicto, dice que el enojo profundo hacia los combatientes mercenarios capturados, y su vez hacia todos los presos negros, llevó en general a su ejecución inmediata.
Dice que a menudo gritaba a los combatientes rebeldes que no los asesinaran, no sólo por razones morales, sino también porque sin estos prisioneros no tenían ninguna prueba de la existencia de mercenarios de Gadafi.
La comisión dice que no encontró evidencias de fuerzas mercenarias. Sin embargo, concluye que las tropas de Gadafi utilizaron el abuso sexualpara torturar, aterrorizar y castigar. Se produjeron delitos como la violación tanto de hombres como de mujeres dentro de los hogares de las víctimas, después de secuestrarles o durante su detención.
Las fuerzas de Gadafi también fueron encontradas culpables de utilizar armas internacionalmente prohibidas como las bombas de racimo y minas terrestres. Mientras que la comisión declara que las fuerzas del régimen llevaron a cabo el robo a "pequeña escala", acusa a los combatientes rebeldes de "pillaje generalizado" y "destrucción de bienes públicos y privados".
La comisión de la ONU también ha examinado en profundidad la captura y posterior muerte del exdictador Muamar al Gadafi y de su hijo Mutassim, quienes fueron capturados por las fuerzas revolucionarias al intentar huir de la ciudad de Sirte el 20 de octubre.
Aunque las evidencias de video muestran que los dos hombres estaban vivos cuando les capturaron, la comisión no ha podido confirmar si la muerte de uno de estos hombres fue un "homicidio".
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