Sao Paulo, 16 mar.- La Justicia brasileña rechazó hoy la denuncia penal presentada por el Ministerio Público Federal contra un coronel retirado del Ejército por el secuestro de cinco militantes de la guerrilla del Araguaia perpetrado en los años 70, durante la dictadura militar que gobernó entre 1964 y 1985.
El juez Joao Cesar Otoni de Matos, del Juzgado Federal de Marabá, en el norteño y amazónico estado de Pará, negó el pedido contra el coronel en retiro Sebastiao Curió bajo el argumento de que en el caso se debe aplicar la Ley de Amnistía, promulgada en 1979 y que perdonó los crímenes cometidos por militares y guerrilleros.
Otoni de Matos indicó también que si no existiera esa ley, los crímenes imputados al exmilitar ya están prescritos, según informó la estatal Agencia Brasil.
"Después de más de tres décadas, esquivarse de la Ley de Amnistía para reabrir la discusión sobre crímenes de la dictadura militar es equivocado y no tiene soporte legal y es una desconsideración a las circunstancias históricas de un gran esfuerzo de reconciliación nacional", profirió el juez.
En 2010, el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó la Ley de Amnistía, con lo cual esos delitos no pueden ser juzgados.
La denuncia, primera acción penal en el país por un delito cometido durante la dictadura, había sido presentada el martes ante un tribunal federal de Marabá.
El Ministerio Público alega que el delito de secuestro se mantiene vigente porque las víctimas no han sido encontradas y por eso sus responsables no pueden ser cobijados por la Ley de Amnistía.
La guerrilla del Araguaia fue un movimiento armado organizado por el entonces proscrito Partido Comunista de Brasil y al menos 62 de los cerca de 80 miembros de ese grupo murieron o desaparecieron en la Amazonía en combates con fuerzas del régimen militar entre 1972 y 1974.
Curió, que fue uno de los jefes militares que combatieron a esa guerrilla, fue apuntado como responsable del secuestro calificado de María Celia Correa (Rosinha), Helio Luiz Navarro Magalhães (Edinho), Daniel Ribeiro Callado (Doca), Antonio de Padua Costa (Piauí) y Telma Regina Cordeira Correa (Lia).
Los cinco "fueron secuestrados por tropas comandadas por el entonces mayor Curió entre enero y septiembre de 1974 y, después de haber sido llevados a las bases militares coordinadas por él y sometidos a grave sufrimiento físico y moral, nunca más fueron encontrados", señaló un comunicado del Ministerio Público.
La organización Human Rights Watch, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habían expresado su satisfacción por la iniciativa del Ministerio Público de denunciar a los culpables de crímenes no esclarecidos de la dictadura.
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