Los terroristas se libran de la ley en Pakistán

Los extremistas religiosos que preparan ataques o asesinatos selectivos en Pakistán salen a menudo indemnes en los tribunales. Pero a principios de la semana pasada, Malik Mumtaz Hussain Qadri se convirtió en la excepción que confirma la regla.

Guardaespaldas de profesión, ha sido condenado a muerte por matar a Salman Taseer, político liberal y gobernador de la mayor provincia del país, Punjab. A plena luz del día, el pasado enero Qadri disparó 27 balas al gobernador Taseer cuando estaba frente a un restaurante en un barrio selecto de Islamabad.

Qadri estaba molesto por los esfuerzos del gobernador para enmendar la polémica ley de la blasfemia paquistaní, que se utiliza a menudo para resolver rencillas personales. El apoyo del gobernador a una madre cristiana condenada a muerte por blasfemia no contribuyó tampoco a su popularidad.

Pero pese a los testigos y a la propia confesión de Qadri, el tribunal ha necesitado ocho meses para redactar la sentencia. El caso se retrasó porque varios fiscales se negaron a aceptarlo, y varias asociaciones de abogados y grupos religiosos apoyaron explícitamente al asesino, porque a sus ojos actuó en defensa del islam.

Qadri tiene una semana para apelar la sentencia.

Como mucho, según International Crisis Group, tan sólo el 5 o 10 por ciento de los sospechosos, incluidos los de casos de terrorismo, son condenados por los tribunales paquistaníes.

Las razones son variadas, desde la corrupción de los oficiales que investigan o juzgan un caso hasta testigos que se niegan a comparecer o de repente retiran su testimonio.

También suele haber errores en el manejo de las pruebas, que se complica por la actuación de los servicios de inteligencia, que a menudo detienen ilegalmente a los sospechosos antes de entregarlos a la policía.

Los tribunales antiterroristas en Pakistán funcionan un poco mejor, con una tasa de condenas del 25 por ciento, según un informa de 2010 del Departamento de Estado de EEUU.

 "En Pakistán el acusado es el hijo favorito de la ley", afirma sin ápice de ironía Syed Mohammad Tayyab, un fiscal de Islamabad.

Tayyab ha trabajado en casos importantes de terrorismo, como el ataque al Marriott en 2008 que mató a al menos 53 personas e hirió a cientos. También ha llevado la acusación popular en los casos contra militantes islamistas implicados en 2009 en los ataques a una comisaría y a un control paramilitar en Islamabad, en los que murieron nueve personas y hubo numerosos heridos. Todos los acusados fueron absueltos. Los casos han sido apelados.

Unas investigaciones policiales pobres son la principal causa de las absoluciones, afirma Tayyab. Según Crisis Group, la policía rara vez se basa en métodos científicos en sus investigaciones, y los pocos investigadores cualificados que hay manejan docenas de casos a la vez por muy poco dinero y con recursos limitados.

Las agencias de inteligencia complican aún más los casos de terrorismo, porque muchas veces detienen a los sospechosos antes que la policía, señala Fawad Hussain Chaudhry, un abogado que sigue de cerca los casos de terrorismo.

Los resultados de esas investigaciones no son admisibles ante los tribunales, y tampoco son compartidos con la policía. Por no mencionar además que esas detenciones son ilegales.

"La policía pretende decir después que ha investigado el caso, pero no tiene pruebas", afirma.

A menudo los fiscales y la policía no tienen más remedio que basarse únicamente en los testigos.

Tayyab tenía dos testigos de los ataques a la comisaría y al control policial que dijeron haber acudido a una reunión en donde se planificaron los atentados.

Uno de esos testigos nunca apareció en el tribunal, pese a haber sido notificado varias veces. El otro lo hizo, pero se negó a dar su nombre, el de su padre, su dirección o profesión por miedo a que los acusados se vengasen. Su testimonio quedó invalidado, y el tribunal absolvió al acusado.

Una ley antiterrorista aprobada en 1997 indica que el gobierno tiene que garantizar la seguridad de los jueces, fiscales, abogaos y testigos. Pero en la realidad, dice Tayyab, no hay nada de eso.

El juicio de Qadri, que se celebró en una prisión de alta seguridad, ha sido una excepción.

La falta de seguridad abre una vía para que los acusados o sus seguidores intimiden a los fiscales, abogados y jueces. La sala del juez Pervez Ali Shah, que es quien ha condenado a Qadri a muerte, ha sido saqueada y tras la sentencia su titular no ha vuelto al trabajo, según los medios locales.

El año pasado dos fiscales de Karachi se negaron a presentar su caso contra unos islamistas porque recibieron amenazas. Por su propia seguridad, los jueces simplemente liberaron a los acusados, afirma Chaudhry.

Las absoluciones preocupan al Ejército de Pakistán, que ha perdido a miles de hombres en su lucha contra los radicales.

Su solución se reduce a mantener retenidos desde hace más de dos años a 2.500 personas, detenidas durante las operaciones antiterroristas realizadas en el valle del Swat, negándoles el derecho a un juicio justo.

Hasta hace poco, eso era ilegal. Pero el pasado junio una orden presidencial lo legaliza de manera retroactiva desde 2008.

No hay pues limite al periodo de tiempo que el Ejército paquistaní puede mantener retenidos a los radicales, según el portavoz militar Athar Abbas.

La orden se circunscribe, por ahora, a las zonas tribales y semi tribales. Pero Abbas espera que se extienda a otras zonas de Pakistán.