México insiste en acabar con la ola de violencia por la vía militar

El gran número de víctimas fusiladas o golpeadas hasta la muerte y enterradas en fosas cerca de la frontera de Texas (EEUU) ha conmocionado y llegado muy hondo en la opinión pública mexicana.

Pero cuando la cifra de muertos en una fosa común alcanzó los 183, la más grande de la historia reciente de México, el gobierno reveló otro doloroso detalle: la policía supuestamente está involucrada en los asesinatos.

Los agentes federales han detenido a 17 funcionarios locales de la municipalidad de San Fernando, acusándolos de colaborar en las masacres con el grupo criminal de los Zetas.

Las acusaciones, ponen de relieve un problema clave en la guerra mexicana contra la delincuencia y llegan en un momento en que el Congreso está debatiendo dos importantes proyectos de ley para reformar radicalmente la seguridad en el país.

La primera consistiría en reforzar el papel de los militares y permitir que el presidente pueda declarar la ley marcial en circunstancias excepcionales. La segunda sería eliminar los cuerpos de policía municipal y nacional, para sustituirlos por una fuerza federal unificada.

"El poder de los cárteles del narcotráfico ha crecido y tenemos que reformar nuestras instituciones para hacer frente a esa amenaza", ha declarado a GlobalPost el representante Gustavo González, presidente del comité de seguridad del Congreso. "Estamos luchando contra unos criminales que tienen granadas propulsadas con cohetes o ametralladoras de alto calibre. La policía local está, sencillamente, desbordada".

González, miembro del Partido de Acción Nacional, del presidente Felipe Calderón, considera que la ley militar simplemente legitimará el uso del ejército, que ya está profundamente involucrado en la lucha contra las bandas de narcotraficantes.

El ejército tendría poderes comparables a otras democracias y la ley marcial sólo podría ser utilizada en algunas regiones en circunstancias muy excepcionales, asegura.

Sin embargo, muchos activistas de derechos civiles están pidiendo al ejército que vuelva a sus cuarteles en lugar de hacer más profunda la lucha.

Según la comisión gubernamental de derechos humanos, durante los cuatro años de la ofensiva de Calderón contra los narcotraficantes, los soldados y la policía mataron a tiros a más de 100 civiles inocentes.

"Calderón quiere ser un hombre fuerte al estilo de Hugo Chávez", denuncia Mercedes Murillo, activista de derechos humanos en el estado de Sinaloa, donde los soldados mataron a cinco mujeres y niños inocentes en un puesto de control de conducción.

"Los soldados son parte del problema, no la solución. Ahora están robando y matando ilegalmente y Calderón quiere darles más poder para hacer esto", asegura Murillo.

El Senado ya ha aprobado un proyecto de reforma militar que actualmente está siendo debatido por la Cámara Baja.

El segundo proyecto de ley, que propone unificar el cuerpo nacional de policía, supondría el mayor cambio en la ley desde la Constitución de México en 1917.

Esa Constitución estableció más de 2.000 fuerzas diferentes de policía municipal, así como 31 fuerzas estatales y distintos cuerpos federales.

En los últimos cuatro años, miles de policías municipales han sido detenidos acusados de trabajar para las bandas de narcotraficantes, algunas veces como asesinos a sueldo.

El Estado y la policía local también están acusados de participar en recientes ataques contra la policía federal, lo que demuestra una grave fragmentación de los aparatos de gobierno mexicanos.

Por ejemplo, en 2009, quince policías federales fueron asesinados en el estado de Michoacán tras una emboscada en la que los sicarios huyeron supuestamente en coches de la policía estatal después de que su camioneta sufriera un pinchazo en un neumático.  

El proyecto de ley apoyado por Calderón combatiría esto poniendo a toda la policía bajo un único mando, un modelo que ha tenido éxito la lucha contra los cárteles de la droga en Colombia.

"Actualmente tenemos 420.000 policías municipales que están mal pagados, mal entrenados y que son vulnerables a la corrupción", dice el diputado Gustavo. "Tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a esta situación".

El proyecto de reforma de la policía se encuentra actualmente en proceso de debate en la comisión constitucional de la cámara baja

Funcionarios del Departamento de Estado de EEUU han alentado la reforma de la policía mexicana, alegando que la creación de la institución es clave para que México salga de la espiral de asesinatos y secuestros.

Sin embargo, muchos activistas sospechan que una policía federal unificada supondría la creación de una fuerza represiva de tipo paramilitar y que sus funcionarios podrían ser sobornados por los criminales.

"Pueden cambiar de uniforme, pero seguirán siendo corruptos", dice Murillo, el activista. "Necesitamos un cambio desde abajo, y la creación de una policía que responda ante la comunidad y que investigue de verdad".