Piñera nombra cargos políticos con intereses en la reconstrucción de Chile

(Santiago, Chile). Sólo los santos y los muertos no tienen conflictos de intereses, declaró el presidente chileno Sebastián Piñera a un periódico argentino. Y si su primer mes en el poder sirve como antecedente, Piñera no está muy cerca de la santidad.

Incluso antes del terremoto, muchos habían declarado que los enormes negocios del multimillonario chileno serían un punto conflictivo de su gobierno. Dos semanas antes de llegar a la presidencia, el terremoto de febrero de magnitud 8,8 en la escala de Richter le obligó a abandonar su proyecto inicial para Chile.

Desde entonces, Piñera ha recurrido al mundo empresarial para cubrir los cargos de su Gobierno. Según él, es la única forma de tener gente con conocimiento y experiencia. Sin embargo, no ha tenido en cuenta los potenciales conflictos de intereses que las designaciones han traído consigo, en especial aquellas autoridades que participarán en la reconstrucción del país.

Piñera ha formado su gabinete con economistas de línea conservadora que han sido propietarios, directores o consejeros de grandes empresas. A la hora de designar a las autoridades regionales de las zonas afectadas por el seísmo, ha recurrido a dueños o gerentes de empresas constructoras que podrían beneficiarse económicamente de la reconstrucción.

El terremoto y el tsunami dañaron seriamente 260.000 hogares y 4.000 escuelas. En la zona más castigada, también devastaron un 70 por ciento de los hospitales, las autopistas, las iglesias, los aeropuertos, los estadios, los tribunales, las redes eléctricas y de telecomunicaciones y las instalaciones militares.

A finales de la primera semana de abril, ya se había reparado el 60 por ciento de las infraestructuras públicas afectadas por el seísmo. También se habían construido 11.000 viviendas de emergencia, la mitad de ellas gracias a la ONG católica Un techo para Chile. El Gobierno ha prometido levantar 40.000 de estas viviendas de madera, de una habitación, antes del 11 de junio, que se destinarán a 180.000 personas sin hogar.

Las autoridades estiman los daños y las pérdidas materiales en 30.000 millones de dólares, y si se consideran los seguros, el gasto público total para la reconstrucción llegará a los 12.000 millones de dólares. Aunque el Ejecutivo aún no ha explicado cómo financiará la reconstrucción, sí ha insinuado que podría hacerlo a través de un alza moderada de los impuestos, reasignaciones presupuestarias, la venta de activos no esenciales y los recursos de un fondo [para época de vacas flacas] de 12.000 millones de dólares que el país tiene en el extranjero.

En los últimos 30 años, las privatizaciones y un menor gasto público han reducido el tamaño y la capacidad del Estado. De modo que el Gobierno tiene pocas alternativas que no sean recurrir al sector privado para realizar la reconstrucción. Las empresas constructoras y de ingeniería y los fabricantes de materiales de construcción ya celebran el aumento de ingresos que tendrán de aquí a diciembre y durante varios años más. Y el Gobierno los ha favorecido de muchas formas.

En primer lugar, ofreció incentivos económicos a las empresas que construyan viviendas de emergencia durante abril. El objetivo es llegar a 16.000 unidades a finales de mes. Los detractores dicen que el dinero podría haber tenido un mejor uso. Indican que las empresas van a ganar mucho más de lo que habían previsto y que sería mejor asignar los fondos directamente a la población sin hogar y no a empresas privadas.

El ministerio del Interior también asignó 15 millones de dólares a tres empresas de materiales de construcción que serán las proveedoras exclusivas de "Manos a la Obra", el programa de reconstrucción. El plan transferirá estos fondos a 239 municipios que comprarán los materiales de construcción a estas empresas y los distribuirán a 40.000 familias que necesitan reparar o reconstruir sus viviendas.

No hubo una convocatoria pública. El Gobierno argumenta que escogió a esas empresas porque tenían suficiente stock y la capacidad logística para cubrir toda la zona afectada. Las empresas —Home Center/Sodimac, Construmart e Easy — controlan más del 50 por ciento del mercado chileno.

Las pymes y los negocios de materiales de las regiones afectadas se oponen abiertamente al plan y argumentan que si los gobiernos municipales compraran a las empresas locales, ayudarían a reactivar la dañada economía local. "No se toma en cuenta a las pequeñas y medianas empresas y los 15 millones de dólares son para los grandes grupos económicos. El Gobierno refuerza la concentración económica", afirma Rafael Cumsille, presidente de la Confederación de la Pequeña Empresa.

Tras las críticas, el Gobierno anunció que asignaría fondos adicionales para que las empresas locales también participaran en el acuerdo. Pero hay más.

Alfredo Moreno, actual ministro de Asuntos Exteriores, era miembro del consejo de administración de Sodimac pocos días antes de entrar en el Gobierno, y Laurence Goborne, el ministro de Minería, era gerente general de Cencosud, empresa propietaria de Easy hasta el año pasado.

Moreno y Golborne son dos de los cargos más cuestionados por sus vínculos con la empresa privada.

Un caso más: en la región del Maule, una de las más afectadas por el seísmo, Piñera designó a Rodrigo Galilea como intendente, la máxima autoridad regional. Y eso que Galilea, tal y como denunció lainformacion.com en colaboración especial con el diario chileno El Mostrador, es el gerente general de una firma de construcción e ingeniería, propiedad de su familia y que tiene negocios en la misma región.

*(Noticia editada por la redacción de lainformacion.com para adaptarla a su audiencia).