¿Sirve de algo denunciar casos de corrupción en la India?

Fortalecido por una ley novedosa y rompedora, diseñada para ayudar a los ciudadanos de a pie a luchar contra la corrupción, Jagdish Sharma se enfrentó la semana pasada al líder del clan de su aldea para exponer el supuesto robo de dinero de las pensiones de los ancianos residentes. Pero su triunfo duró un suspiro.

Solo unos días después de que Sharma presentase su demanda contra el jefe de la aldea, Dharambir Malik, apelando a la Ley sobre el derecho a la información de la India (RTI),  Malik supuestamente estrelló su camioneta tipo SUV contra Sharma y contra diversos manifestantes. El accidente saldó con el aplastamiento de las piernas de Sharma y la muerte de su hijastra, Sonu, según informa la prensa local. Y aunque la policía dice que se han presentado cargos de asesinato contra Malik, los defensores de la RTI sostienen que la muerte de Sonu es el último de un millar de cortes que están matando lentamente a la herramienta más poderosa que hay en el país para luchar contra la corrupción.

"Éste es un mensaje para todo aquel que pretenda levantar la voz contra la corrupción", explicó Arvind Kejriwal, uno de los líderes de la campaña de una década de duración a favor de la ley RTI.

Al menos una docena de denunciantes han sido asesinados por atreverse a denunciar delitos y corrupción desde que se aprobó la ley RTI en 2005, según el activista Parshuram Ray.

Pero en vez de fortalecer la ley y luchar para proteger a los ciudadanos que la utilicen, el gobierno está dando marcha atrás rápidamente para quitar a la RTI sus amplios poderes; incluso los políticos y burócratas han adoptado una política no oficial de brazos caídos que amenaza con dejarla obsoleta.

Ya para 2015, la Comisión Central de Información (CIC), la entidad responsable de hacer frente a las quejas cuando los funcionarios dan respuestas incompletas o evasivas sobre las peticiones de la RTI –se calcula que habrá unos 90.000 casos atrasados, lo que significa que un solicitante tendrá que esperar hasta seis años para ser llamado. Y parece que la situación irá todavía a peor.

"A pesar de las previsiones de la ley, a pesar de que se incumple cada nivel de información, no sucede nada. Nadie es castigado por ello", destacó Ray, que se topó de bruces con las evasivas cuando trató de utilizar la RTI para poner en evidencia la corrupción en un programa nacional que proporciona trabajo y sueldo a la gente pobre del campo. "La realidad es que los retos y objetivos originales de la RTI se han hecho añicos".

El éxito o el fracaso de estos esfuerzos para obstaculizar la ley sobre el derecho a la información de la India bien podrían marcar un punto de inflexión en la creciente batalla que se está entablando contra la corrupción, así como en la lucha por los derechos humanos fundamentales.

El volumen de la presunta corrupción que ha salido a la luz en los últimos meses ha sido suficientemente dramático como para aumentar el temor de que el fracaso de dejar las riendas del capitalismo en manos de amigotes podría hacer descarrilar el despegue de la India en el escenario internacional –especialmente después de que se difundiese que la inversión extranjera ha caído un 60% este año.

Sin embargo, el drama podría ser en realidad una señal de progreso –demostrando no que la corrupción se está incrementando a pasos agigantados, sino que cada vez más y más escándalos salen a la luz. Y llegar a estar tan magullado y maltratado, dicen algunos activistas, se debe a la RTI. La ley no sólo jugó un rol directo al destapar dos de los principales escándalos de corrupción que han saltado a la luz recientemente, involucrando a los ministros de defensa y telecomunicaciones, apunta Nikhil Dey, otro precursor de la RTI, sino que también ha hecho mucho más fácil a los soplones que hay dentro del gobierno filtrar información sin miedo a represalias, ya que la difusión de un documento en un periódico acogiéndose a la RTI es un modo rápido de dar por terminada una caza de brujas.

"Una vez que entras en el campo de la información abierta, incluso se legitima mucho más incluso una filtración", explicó Dey. "Antes, la prensa tenía que pensar un millón de formas para legitimar la información, porque de otro modo su fuente sería rastreada y perseguida. Ahora, debido a que la RTI es tan extensa y poderosa, esto hace muy difícil que alguien pueda preguntar: ¿cómo conseguiste esta información?".

Prácticamente ningún departamento ha cumplido voluntariamente con la disposición que obliga a la divulgación proactiva. Cada uno de los miembros del Tribunal Supremo pretende ser eximido de la obligación de informar a la Oficina Central de Investigación (CBI). El gobierno está tratando de modificar las normas que regulan las solicitudes de la RTI, dentro de un plan que los activistas consideran que pretende hacer que el procedimiento sea más opaco para, de este modo, facilitar que los burócratas puedan justificar el obstruccionismo.

Las comisiones de información también están faltas de recursos. Por ejemplo sólo hay seis comisarios centrales de información en vez de los 11 asignados y las limitaciones a la contratación de personal adicional impiden que puedan dar salida al trabajo atrasado en materia de quejas. Mientras tanto, a nivel estatal los problemas pueden ser todavía peores. Por ejemplo en Orissa y en el oeste de Bengala los comisarios de información tienen tanto trabajo acumulado que necesitarán más de 10 años para ponerse al día, de acuerdo con una encuesta de la Fundación de Investigación de la Causa Pública (PCRF) – y será así si no reciben ningún recurso en la próxima década.

"La reticencia a desprenderse de parte de la información es sólo parte de una mentalidad antigua", apuntó Dey. "Muy a menudo, si los burócratas se reúnen juntos intercambian notas sobre cómo pueden evitar revelar información".