¿Equiparación salarial de las policías? Hay que pensarlo bien

Me resistía a escribir sobre la equiparación salarial que reclaman policías nacionales y guardias civiles por tratarse de un mero conflicto corporativo. Pero la presencia de Albert Rivera el pasado sábado en una manifestación de los citados funcionarios me ha hecho cambiar de opinión. Que el líder de un partido político que encabeza las encuestas se sume a esta reivindicación confiere al asunto una dimensión política que trasciende lo meramente laboral

España es diversa, lo sabemos, y también lo es en salarios públicos. Pensemos en las policías locales, cuyas diferencias en sueldos y condiciones de trabajo recorren un amplio abanico. Las razones son múltiples: mayor o menor capacidad de negociación sindical, distinta valoración social de la seguridad ciudadana, disponibilidad de recursos de cada ayuntamiento, éxito de otros grupos de interés por obtener recursos públicos municipales u otras. Pero hay un motivo fundamental: el poder de decisión sobre ingresos y gastos municipales está fuertemente descentralizado. Y en general la sociedad española lo entiende y lo valora positivamente. Por ejemplo, sabemos que nuestro ayuntamiento decide cuánto IBI hemos de pagar, cuánto ganan los bomberos, el precio del transporte público, qué vehículos usan los policías municipales... Y si no nos gusta lo que hace nuestro alcalde o alcaldesa, lo cambiamos con nuestro voto.

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¿Deben los policías estatales y autonómicos tener las mismas condiciones en toda España? La respuesta a esta pregunta depende de lo que se piense del reparto del poder político. Si contestamos sí, la determinación de tales condiciones deberá hacerse por un solo gobierno y aplicarse a todo el territorio nacional. Si decimos no, es porque entendemos que, en diferentes lugares de España, numerosos factores y en particular las preferencias sociales respecto de la policía son distintos, y ello debe reflejarse en las condiciones de trabajo y la calidad del servicio. Para eso se descentraliza el poder político, para atender mejor las demandas ciudadanas.

La crisis del otoño pasado en Cataluña parece haber espoleado un sentimiento de agravio porque los Mossos podrían tener remuneraciones privilegiadas. Éstos sustituyeron progresivamente al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en las funciones de orden público, seguridad ciudadana y tráfico. En cambio, el Estado se reservó las tareas relativas a competencias exclusivas, como la expedición de los documentos oficiales de identidad, la inmigración o el control de fronteras. El presupuesto que la Generalitat de Cataluña previó para 2017 representa 127 euros por habitante, mientras que el del Estado equivale a 170 euros por habitante (me refiero al resto de España, sin contar la propia Cataluña, País Vasco y Navarra, que tienen sus propias policías). Hay un mayor gasto del Estado porque se desempeñan más funciones. Pero si uno hace el mismo cálculo con la Ertzaintza, encontrará que el gasto es de 276 euros por habitante, más dinero con menos competencias. Quizá los problemas de igualdad hay que buscarlos más cerca de Vitoria que de Barcelona.

Si un movimiento sindical reclama mejores sueldos debería hacerlo ofreciendo a cambio, en una negociación con su empleador, mejores servicios, más calidad de trabajo u otros argumentos (coste de la vida, riesgos, etc…). Pero decir que quieren cobrar lo mismo que los Mossos es como pedir cobrar lo mismo que los Gendarmes franceses. Las circunstancias políticas difieren, los recursos disponibles no son iguales.

El argumento de equiparar al alza en un país donde el poder político está descentralizado es peligroso: ya lo vivimos en los años previos a la crisis con importantes crecimientos de los salarios públicos en las CCAA, que se justificaban por emulación del vecino. Si se accede ahora a estas reivindicaciones policiales, habrá que ir preparando subidas de impuestos para igualar por arriba a aquellos empleados de la Administración Central que cobren menos que los de alguna comunidad autónoma. Si un partido político quiere mejorar la Policía Nacional o la Guardia Civil, que diga de donde va a sacar el dinero y qué mejoras en el servicio se plantea conseguir.

En lugar de acudir a manifestaciones alentando a unos servidores públicos contra otros, sería quizá mejor hacer una propuesta de armonización de nuestro Estado autonómico, tanto en el lado de los gastos como de los ingresos, si es que cabe en el marco de la Constitución. Y si no cupiera, explíquese a la población: hay que reformarla porque un decisor central es superior en calidad a varios decisores subcentrales, cosa que es muy discutible. Me parece, en suma, que el partido que lidera el señor Rivera aporta elementos positivos a la política y a la sociedad española, pero en algunos casos como éste, su afán en oponerse al nacionalismo periférico le lleva a cometer errores de principiante.